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Arrestan a cinco trabajadores de un POGO y entra en vigencia la prohibición de deportación con escala
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Las autoridades filipinas arrestaron a cinco ciudadanos chinos incluidos en la lista negra, vinculados a Lucky South 99, un operador filipino de juegos extraterritorial (Philippine Offshore Gaming Operator, POGO), allanado en junio de 2024. Los acusados intentaron salir del país ilegalmente a través de Tawi-Tawi, pero fueron interceptados tras una falla en el motor de un barco cerca de la isla de Languyan.
La Oficina de Inmigraciones, en coordinación con las autoridades locales, identificó a los arrestados como Ying Guanzhen, de 31 años; Yang Jinlong, de 29; Liu Xin, de 28; Shen Kan, de 36; y Luo Honglin, de 27. Dos de ellos eran fugitivos buscados en China, mientras que los otros cinco tenían vínculos previos con Lucky South 99.
Las autoridades revelaron que el grupo pretendía llegar a Malasia utilizando un “transportador”, término utilizado para referirse a personas que hacen viajes no autorizados entre países. Sin embargo, el escape se vio frustrado cuando la embarcación sufrió problemas técnicos; de esta manera, las autoridades de la Región Autónoma de Bangsamoro en Mindanao Musulmán (BARMM) lograron capturarlos.
Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Zamboanga, donde quedaron bajo custodia policial de los agentes de inmigración. Permanecen bajo la supervisión de la Policía Nacional de Filipinas (PNF) a la espera de nuevos procedimientos.
Medidas de deportación más estrictas para los extranjeros vinculados a POGO
En respuesta a la creciente preocupación por los delitos relacionados con los POGO, la Oficina de Inmigraciones implementó una nueva política que prohíbe a los extranjeros deportados por vínculos con la industria del juego en otros países hacer escalas. Esta política, descrita en la Resolución n.° 2025-002 de la Junta de Comisionados de la Oficina de Inmigraciones, exige vuelos directos para los deportados a sus países de origen, excepto cuando no exista dicha ruta.
La medida surge tras las críticas de los legisladores, en particular de la senadora Risa Hontiveros, quien remarcó que los procedimientos de deportación anteriores permitían a prófugos acusados de un delito grave evadir la repatriación. Las nuevas normas de la Oficina de Inmigraciones tienen como objetivo cerrar esta brecha legal e impedir que las personas utilicen los países de tránsito para huir de la ley.
Joel Anthony Viado, comisionado de la Oficina de Inmigraciones, dijo que la política se alinea con la ofensiva más amplia del presidente Ferdinand Marcos Jr. contra las operaciones de los POGO. “Este es un territorio desconocido desde que iniciamos las deportaciones y arrestos masivos este año”, afirmó Viado. Añadió que eliminar las escalas reduciría las oportunidades para que las personas vinculadas a los POGO continúen con sus actividades ilegales en otros países.
Desde la Oficina de Inmigraciones afirmaron que están trabajando con el Departamento de Justicia, las embajadas y las aerolíneas para garantizar el cumplimiento de la norma. Viado también solicitó apoyo legal para institucionalizar medidas de deportación más estrictas y fortalecer los protocolos de inmigración.
Con la prohibición total de las operaciones legales de los POGO vigente desde el 1 de enero de 2025, las autoridades filipinas continúan reforzando la aplicación de la ley contra las personas asociadas con el sector. Las últimas detenciones y políticas de deportación subrayan los esfuerzos del gobierno por frenar los delitos transnacionales y fortalecer la seguridad nacional.
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