El DOJ rechaza el recurso de la decisión sobre la Ley de Comunicaciones
Los acuerdos interestatales de póquer y loterías podrían ver impulsada la decisión del DOJ de rechazar el recurso
El plazo para apelar la decisión de la Ley de Comunicaciones se ha terminado, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) no ha apelado la sentencia a favor de la Lotería de New Hampshire. Esto supuso una victoria para los que están a favor de la expansión de los pactos interestatales de póquer en línea y de las loterías estatales tradicionales.
El consejero general del grupo iDevelopment and Economics Association (iDEA), Jeff Ifrah, fue uno de los primeros en celebrar la decisión, insistiendo en que se trataba de “una victoria para los derechos de los estados, para la claridad en la lectura de las leyes federales y para la industria del juego y sus consumidores”.
La acción revirtió potencialmente una declaración de 2011 de la Oficina de Asesoramiento Legislativo del Departamento de Justicia que afirmaba que la ley se aplicaba únicamente a las apuestas deportivas en línea, lo que liberó a cualquier estado para ofrecer apuestas deportivas en línea. La jurisdicción de la Ley de Comunicaciones fue el centro del debate tras la pregunta de los directores de lotería de Nueva York e Illinois.
La carta de Trump en 2018
El dictamen que emitió en 2018 el Departamento de Justicia de la administración Trump puso patas arriba el statu quo, en el que se insistía en que todas las formas de juego en línea estaban afectadas por el bloqueo de la ley al comercio interestatal.
El revuelo empezó cuando la Lotería de New Hampshire llevó el tema a la corte federal y ganó a mediados de 2019, seguido por una Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos que confirmó la decisión a principios de este año.
En un comunicado, Ifrah explicó que los estados que se plantean legalizar el juego en línea pueden firmar pactos con otros estados que ofrecen juego legal por Internet y, de esta forma, “las legislaturas estatales tendrán la capacidad de crear regulaciones de juego racionales que protejan a los consumidores, hagan crecer el empleo y generen ingresos fiscales sin riesgo de intervención federal”.
La respuesta de la administración de Biden
Buscando una postura más directa, 27 fiscales generales estatales se comunicaron con el fiscal general de EE. UU., Merrick Garland.
En esencia, le pidieron que se eliminara “la ambigüedad” para no tener que presentar demandas en todos los circuitos federales solo para comprender sus derechos de cara a la ley.
“Sigue existiendo una gran incertidumbre sobre si los estados y el sector pueden seguir adelante con las plataformas de juego en línea existentes y también invertir en nuevos productos de juego en línea sin temor a futuros procesos penales”, dice la carta.
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