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El ex vocero presidencial enfrenta cargos por operaciones de POGO junto con otras personas
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El Departamento de Justicia de Filipinas (DOJ) ha presentado cargos sin derecho a fianza por trata de personas calificada contra el ex vocero presidencial Harry Roque y la fundadora de Whirlwind Corporation, Cassandra Ong, en relación con un centro de operadores de juego extraterritoriales de Filipinas (Philippine Offshore Gaming Operator, POGO) en Porac, Pampanga. La denuncia, presentada el lunes ante el Tribunal Regional de Primera Instancia de la Ciudad de Ángeles, involucra a más de 40 personas presuntamente cómplices de la trata y el abuso de trabajadores en el controvertido sitio Lucky South 99.
Los cargos se derivan de una redada realizada en junio de 2024 en las instalaciones de POGO por las fuerzas del orden, que reveló condiciones descritas por las autoridades como explotadoras. La fiscalía acusa a Roque, Ong y otros de facilitar o participar directamente en la trata y el trabajo forzoso de trabajadores, muchos de ellos ciudadanos chinos, dentro de un complejo mantenido por Whirlwind Corporation.
Presunto papel de Whirlwind y Lucky South 99
Los investigadores alegan que la propiedad en Porac fue utilizada por Lucky South 99 y Whirlwind Corporation para actividades ilegales de apuestas en línea camufladas como operaciones legítimas de POGO. Según el Departamento de Justicia, diez de los acusados fueron responsables de asegurar el complejo donde, según informes, los trabajadores fueron sometidos a daños físicos, amenazas y confinamiento.
Se dice que otras quince personas emplearon la fuerza e intimidación para obligarlas a trabajar, a la vez que presuntamente les negaron pasaportes y dispositivos de comunicación. Presuntamente, los trabajadores fueron obligados a desempeñar funciones de agentes de atención al cliente en línea, sin poder abandonar las instalaciones hasta que hubieran reembolsado sus honorarios de contratación.
Las autoridades afirman que la operación incluyó elementos de secuestro, y que las víctimas fueron vendidas al centro de POGO para saldar deudas de juego. Estas afirmaciones, respaldadas por testimonios de denunciantes locales y extranjeros, fundamentan los cargos de tráfico a gran escala que ahora están pendientes ante el tribunal.
Los vínculos jurídicos de Roque y su respuesta
Roque está acusado de usar su función como asesor legal de las empresas involucradas para facilitar la continuación de las operaciones. La fiscalía afirmó que participó activamente en la renovación de la licencia de juego de Lucky South 99 y que se benefició del proceso a pesar de conocer la naturaleza de las actividades que se desarrollaban en el complejo de Porac.
En declaraciones públicas, Roque ha negado las acusaciones y ha calificado el caso en su contra de motivación política. Insiste en que su representación legal en asuntos corporativos y regulatorios no equivale a su participación en el tráfico de personas. Roque también ha confirmado que busca asilo en los Países Bajos, y alegó que teme una persecución política. Filipinas no tiene actualmente un tratado de extradición con los Países Bajos, lo que plantea dudas sobre su ejecución en caso de que se emita una orden de arresto.
Los cargos surgen después de que el gobierno prohibiera todas las operaciones de POGO en 2024 tras múltiples investigaciones sobre actividades delictivas vinculadas a la industria. El caso de Roque y Ong es una de las acciones legales más notorias emprendidas en el marco de esta ofensiva.
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