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Finlandia se acerca al desmantelamiento del monopolio del juego y la implementación de un régimen de licencias competitivo para 2027; en este contexto, los legisladores analizan el equilibrio entre la liberalización del mercado y las medidas de protección de la salud pública.
Según la propuesta de Ley de Juegos de Azar del gobierno, se pondrá fin al monopolio digital de la empresa estatal Veikkaus, lo que permitirá a los operadores privados entrar en el mercado mediante un sistema de licencias. Otras reformas incluyen establecer una nueva autoridad para supervisar el cumplimiento, con controles de identidad obligatorios, mecanismos de autoexclusión y regulaciones publicitarias más estrictas.
A principios de la semana pasada, la Comisión Parlamentaria Finlandesa de Asuntos Sociales y Salud (CSAH) emitió una respuesta al proyecto de ley, expresando su preocupación por la posibilidad de que su forma actual aumente los daños relacionados con el juego y los costos sociales asociados. La comisión sugirió elevar la edad mínima para jugar a 20 años y recomendó prohibir la publicidad exterior e introducir restricciones de marketing más estrictas, afirmando que los adultos jóvenes (de 18 a 24 años) deberían recibir una protección especial.
La CSAH declaró que el juego no debe considerarse un bien de consumo habitual, debido a su naturaleza adictiva y a los amplios daños sociales que puede causar. Su opinión, si bien no sugiere modificaciones directas, insta a los legisladores a priorizar la prevención de daños sobre los incentivos comerciales.
El Comité Administrativo del Parlamento ahora tiene la tarea de consolidar los comentarios de varios subcomités antes del debate final y la votación del proyecto de ley.
Para comprender mejor los desafíos legales y las implicaciones más amplias de la reforma del juego propuesta en Finlandia, SiGMA World habló en exclusiva con Antti Koivula, asesor legal de Legal Gaming Attorneys at Law.
SiGMA World: ¿Cuáles podrían ser los desafíos de la implementación del nuevo sistema de licencias previsto para 2026-2027?
Antti Koivula, asesor legal de Legal Gaming Attorneys at Law: El establecimiento de una autoridad de licencias y supervisión completamente nueva desde cero representa una importante tarea burocrática. Identificar las mejores prácticas, contratar personal competente y poner en funcionamiento los procesos y la infraestructura necesarios llevará tiempo. Preveo diversos desafíos prácticos durante las primeras etapas de implementación.
Además, varios conceptos, normas y disposiciones fundamentales del marco propuesto siguen estando mal definidos. Sin una orientación oportuna y completa por parte de las autoridades, existe un riesgo significativo de incertidumbre regulatoria. Esta falta de claridad podría dar lugar a interpretaciones incoherentes, medidas coercitivas innecesarias contra los operadores con licencia y una creciente insatisfacción con el sistema en su conjunto.
Un aspecto especialmente preocupante es el tratamiento de la fiscalidad de los jugadores.
Las ganancias de operadores sin licencia estarán sujetas a impuestos, como debería ser, pero la imposibilidad de deducir las pérdidas genera un resultado desproporcionado e injusto. Cada ronda de juego se considera un hecho imponible independiente, lo que significa que el resultado total de una sesión de juego, o incluso una pérdida neta a largo plazo, es irrelevante para las autoridades fiscales.
Un jugador podría, por ejemplo, generar cientos de miles de euros en “ingresos imponibles” a pesar de terminar con miles de euros de pérdidas netas. Peor aún, no declarar estos supuestos ingresos podría considerarse fraude fiscal agravado, castigado con hasta cuatro años de prisión. La aplicación estricta de este régimen fiscal desde principios de 2027 provocaría el caos, con decenas de miles de jugadores —muchos de ellos adictos al juego— enfrentándose a responsabilidades penales. El sistema judicial finlandés se vería desbordado por la carga de trabajo resultante.
La aplicación de la ley contra el mercado negro también planteará un gran desafío. Sin mecanismos sólidos y eficaces, es probable que los operadores no autorizados sigan proliferando. Si bien el regulador actual —la Junta Nacional de Policía— ha expresado su confianza en la idoneidad de las herramientas de aplicación propuestas, sigo siendo mucho más escéptico, en particular respecto a su eficacia para supervisar y frenar las actividades del mercado negro, en comparación con la simple supervisión de los operadores con licencia. La distinción es crucial, y sin una estrategia específica para abordar las ofertas no autorizadas, el mercado negro seguirá siendo una seria amenaza para los objetivos del nuevo sistema.
Además, la prohibición propuesta del marketing de afiliación, las estrictas limitaciones a las bonificaciones y una postura altamente restrictiva sobre el marketing online probablemente reducirán la tasa de canalización. Esto podría resultar en un aumento del marketing en los canales de medios tradicionales, donde las normas son comparativamente laxas, lo que a su vez podría provocar una reacción negativa del público. Este escenario podría dar lugar a nuevas medidas regulatorias, como restricciones publicitarias adicionales, que en última instancia beneficiarían al mercado negro en lugar del ecosistema de licencias.
SiGMA World: Desde una perspectiva legal, ¿cuáles son los desafíos clave para equilibrar el control regulatorio con la liberalización del mercado en la nueva Ley de Juegos?
Antti: El desafío más urgente desde el punto de vista regulatorio es la aplicación efectiva de la ley contra las operaciones transfronterizas en el mercado negro. Sin mecanismos de aplicación creíbles, los operadores tienen pocos incentivos para acceder al sistema de licencias y cumplir con las obligaciones y restricciones que conlleva. Esto socava el objetivo principal de la reforma: aumentar la canalización.
Lograr el equilibrio adecuado entre las medidas de juego responsable, las limitaciones al marketing y el atractivo del mercado regulado es inherentemente difícil. Si bien la nueva Ley de Juego finlandesa es un paso en la dirección correcta, me preocupa especialmente que los responsables políticos puedan subestimar el impacto de las severas restricciones al marketing en línea.
Estas medidas corren el riesgo de marginar a los operadores pequeños y medianos, debilitar aún más la tasa de canalización y fortalecer inadvertidamente el mercado ilegal.
SiGMA World: En tu opinión, ¿cuáles son los próximos pasos después de que el Comité Administrativo del Parlamento prepare su informe sobre la propuesta del Gobierno?
Antti: El Comité Administrativo continuará su proceso revisando las declaraciones presentadas por otras comisiones parlamentarias y realizando audiencias de expertos, que comenzaron la semana pasada. En esta etapa, cinco de las seis comisiones pertinentes ya han presentado sus declaraciones; solo queda pendiente la declaración de la Comisión de Derecho Constitucional.
Una vez que el Comité Administrativo termine de deliberar, podrá proponer enmiendas al proyecto de ley. Este se someterá a debate en el pleno del Parlamento y, eventualmente, a votación.