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La prohibición total de los anuncios publicitarios sobre juegos de azar en Italia generó un intenso debate desde 2018. La cuestión de si cumple con la legislación de la UE recae ahora en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De cualquier manera, es probable que la decisión tenga repercusiones en la gestión de los juegos de azar en toda la Unión Europea.
El decreto Dignidad formó parte de un proyecto más amplio para corregir la política social. Su medida más audaz fue eliminar la publicidad sobre juegos de azar, incluso en los estadios de fútbol. Los defensores de la medida coincidieron en que era necesario proporcionar una forma de silenciar el ruido y proteger a los más vulnerables.
Sin embargo, no fue una decisión fácil. Los operadores se opusieron argumentando que no estaban haciendo nada fuera de la normativa. Los clubes de fútbol se sorprendieron al ver la retirada de patrocinadores. Parecía que las personas equivocadas estaban pagando el precio, y para muchos, era como usar la política para castigar a las personas equivocadas.
Entre los opositores más acérrimos se encuentra LeoVegas, una empresa que integra la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) hace unos meses. En 2018, incluso antes de que la prohibición entrara en vigencia, la empresa presentó una queja ante la Comisión Europea. Lo que argumentaban es que el decreto infringía la legislación de la UE en cuanto a la restricción de los servicios y el comercio transfronterizos. La prohibición, según LeoVegas, ignoraba que las empresas de juego reguladas ya contaban con sólidas medidas de protección para los jugadores.
La situación se agravó en 2019, cuando el organismo de control de las comunicaciones de Italia, la AGCOM, impuso al operador una multa de 50.000 euros. ¿Cuál fue el cargo? Publicitar su marca italiana Winga.it en Sky 237. LeoVegas contraatacó alegando que los anuncios se emitieron antes de que entrara en vigencia la prohibición y que deberían estar protegidos por la normativa de la UE sobre los “servicios de la sociedad de la información”.
Si bien desestimaron su primera apelación, los representantes de LeoVegas no se dieron por vencidos. El caso pasó al Consejo de Estado de Italia, que posteriormente lo remitió al TJCE para su resolución definitiva.
¿Cuál es la pregunta más importante? ¿Puede un país cerrar la puerta de golpe y seguir esperando que sus vecinos no se quejen? El derecho de la UE protege la libre circulación de servicios y busca evitar la discriminación entre empresas con sede en diferentes países. Ahora, el TJUE deberá decidir si la postura de Italia traspasa ese límite.
Si LeoVegas gana el caso, podría transformar la publicidad del juego en todo el bloque. De lo contrario, si Italia gana el caso, otros países podrían animarse a implementar restricciones más estrictas ara la publicidad.
No hay un mejor momento que este; si bien el Senado aún está debatiendo, la conversación no termina ahí. Ministros, figuras de los medios y dirigentes deportivos ya están inmersos en los debates sobre el futuro. Mientras tanto, la Agencia de Aduanas y Monopolios (ADM) tiene la vista puesta en el plano más general; en su Plan de Actividades y Organización 2025-2027 (PIAO), describen los objetivos de cara al futuro. Desde los Países Bajos, observan desde la tribuna y analizan su propio enfoque. Independientemente de la resolución del TJCE, sin duda sentará un precedente.
Esto va más allá de un solo operador y una sola multa. Está en juego un equilibrio más amplio en Europa: cómo proteger la salud pública sin ahogar al mercado. Mientras algunos respaldan las prohibiciones estrictas del juego como única forma de controlar las consecuencias negativas, otros afirman que es mucho mejor implementar programas de supervisión responsables. No se trata de bombardear los medios: LeoVegas busca un sistema más justo, uno que priorice la seguridad de los jugadores sin cerrarle la puerta a la competencia.
La resolución del TJUE no pasará desapercibido, independientemente de lo que resuelvan. Si LeoVegas recibe el visto bueno, otros países podrían flexibilizar sus propias prohibiciones. No obstante, si Italia logra su cometido, podrían imponerse normas más estrictas en todo el bloque. Todos los que tienen intereses en juego están atentos a las novedades.