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JPS refuerza control sobre rifas y loterías: Costa Rica
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La Junta de Protección Social (JPS), ente regulador de los juegos de azar en Costa Rica, ha intensificado su fiscalización tras la reciente apertura de una investigación sobre la organización de una rifa no autorizada para recaudar fondos, recordando al sector y a la ciudadanía que toda actividad de este tipo debe cumplir estrictamente con la normativa vigente. El caso, ampliamente difundido en medios nacionales y en las redes oficiales de la JPS, pone en el centro del debate la importancia de la regulación y el cumplimiento en el ecosistema de loterías y juegos de azar, tanto tradicionales como digitales.
Exclusividad y rigor legal: JPS como único administrador de rifas y loterías
La Ley de Rifas y Loterías (Ley 1387) y su reglamentación establecen con claridad que la JPS es la única entidad autorizada para administrar, distribuir y comercializar rifas, loterías y juegos de azar en Costa Rica. Según el artículo 1 de la Ley 1387, se prohíbe cualquier operación destinada a procurar ganancias por medio de la suerte, salvo la Lotería Nacional y las rifas emitidas o autorizadas por la JPS. El artículo 2 define la rifa como un sorteo o juego de azar con ánimo de lucro, generalmente realizado mediante billetes o títulos, y exige que todo talonario o boleto lleve el sello de la Gerencia General de la JPS para ser legal.
La normativa exige que cualquier rifa que otorgue premios en efectivo superiores a dos salarios base, o que tenga fines lucrativos, debe ser autorizada por la JPS, y su incumplimiento puede acarrear sanciones penales y administrativas. El artículo 3 de la Ley 1387 contempla multas de hasta 100.000 colones o penas de prisión de tres a seis meses para quienes organicen, administren o promuevan rifas prohibidas, y considera estas acciones como delito de estafa en perjuicio de la JPS. Además, la ley prohíbe expresamente el uso de rifas para fines políticos, comerciales o personales que no sean de interés social, reforzando así el carácter benéfico y público de los sorteos permitidos.
La presidenta de la JPS, Esmeralda Britton, ha reiterado en redes sociales que “toda rifa o sorteo sin el permiso de la Junta es ilegal y puede ser penalizado con cárcel”. “Las rifas deben tener un fin social y no pueden utilizarse para otros propósitos”.
Cumplimiento y regulación en Costa Rica
El modelo costarricense de regulación de juegos de azar es uno de los más centralizados de la región. La JPS no solo controla la Lotería Nacional y las rifas tradicionales, sino que también ha extendido su supervisión a nuevas modalidades, como sorteos electrónicos y promociones digitales, adaptándose a las tendencias de digitalización del sector.
Cualquier actividad relacionada con rifas, loterías o juegos de azar dirigida al público costarricense debe estar debidamente autorizada por la JPS, sin importar el canal de distribución (físico o digital). La ley prohíbe expresamente la comercialización de loterías, apuestas deportivas, videoloterías y otros juegos de azar no autorizados, incluso si se utilizan plataformas tecnológicas, pagos digitales o activos virtuales.
La normativa busca prevenir el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas, por lo que la regulación y la trazabilidad de todas las operaciones se han vuelto requisitos para quienes deseen operar en el mercado costarricense.
La reciente innovación de la JPS, como la introducción de sorteos alfanuméricos y la venta de boletos en línea, demuestra que la entidad está abierta a la modernización, pero siempre bajo un marco de control y transparencia. Esto representa una oportunidad para el sector de colaborar en el desarrollo de soluciones tecnológicas alineadas con la regulación, pero también un recordatorio de que la flexibilidad del mercado está supeditada a la supervisión estatal.
“Las rifas y loterías en Costa Rica tienen un fin social y deben cumplir con la ley. “La JPS es la única autorizada para administrar estos juegos y todo lo que se salga de este marco será investigado y sancionado”, reiteró Esmeralda Britton en declaraciones recientes.
La investigación de la JPS marca un precedente importante para la industria del juego en Costa Rica, en la que apelan por un cumplimiento normativo que sea la base para operar en el país, y cualquier desviación podría tener consecuencias legales y/o comerciales. La regulación costarricense busca ser una garantía de transparencia y confianza para el desarrollo sostenible de la industria de juegos de azar.
