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Juego en línea en jaque por nuevo impuesto en Colombia
La decisión del Gobierno Colombiano de eliminar la exención del IVA para los juegos en línea ha causado alarma en la industria de los juegos de suerte y azar. Fecoljuegos, Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar, cuyo principal interés es promover el desarrollo, regulación y defensa de la industria del juego legal en Colombia, advierte que esta medida, establecida en el Decreto No. 0175, podría desencadenar una serie de consecuencias económicas y regulatorias que afectarán no solo a las empresas del sector, sino también a los recursos destinados a la salud pública.
Impacto de la carga tributaria en el juego en línea
- Derechos de explotación – 15%
Es el porcentaje que deben pagar los operadores a las autoridades colombianas por el derecho a operar juegos de suerte y azar.
- Impuesto de ganancia ocasional – 10%
Se aplica a los ingresos extraordinarios o no recurrentes obtenidos por el operador en un año fiscal. Este porcentaje puede variar dependiendo de las ganancias generadas en ciertos periodos.
- Impuesto sobre la renta – 33%
Los operadores deben pagar un porcentaje de sus ganancias netas anuales. En Colombia, la tasa general de impuesto sobre la renta para empresas es del 33%.
- Nuevo impuesto al consumo (IVA) – 19%
Este es un impuesto indirecto que se aplica a las transacciones de bienes y servicios, incluido el juego en línea. Aunque ya se menciona como un tributo adicional, debe ser considerado como parte de la carga total.
Es decir que actualmente, los operadores de juegos online en Colombia enfrentan una carga impositiva que podría llegar del 70.5% dependiendo de cómo se calculen y acumulen estos impuestos.Con solo el 29.5% de sus ingresos disponibles para operar, la rentabilidad del negocio se reduce drásticamente. La introducción del IVA en este escenario podría hacer inviable la continuidad de muchas empresas, generando un efecto dominó en la inversión y en la generación de empleo dentro de la industria.
Evert Cárdenas, vocero de Fecoljuegos, señaló que “esta carga impositiva nos pone en una situación crítica, donde las empresas podrían verse obligadas a reducir su operación o incluso cerrar, lo que impactaría negativamente en la economía y en los recursos destinados a la salud”.
Implementación exprés y poco viable
Uno de los puntos más críticos del decreto es el plazo de implementación: cinco días hábiles para ajustar los sistemas de facturación y cobro del IVA. Esto representa un gran desafío técnico ya que las plataformas de juego pueden requerir integraciones tecnológicas complejas que deben ser probadas y certificadas. La falta de un periodo de transición adecuado podría generar bloqueos operativos e incluso sanciones para empresas que, por cuestiones técnicas, no logren cumplir con los tiempos establecidos.
“El tiempo que nos dan para la implementación es simplemente inviable”, enfatizó Cárdenas.“No es posible en cinco días hacer todas las adecuaciones tecnológicas necesarias, lo que nos expone a sanciones y problemas operativos severos” agregó.
Cuellos de botella en la certificación
Otro obstáculo clave radica en la certificación de los cambios tecnológicos. Según su sitio web, Coljuegos solo tiene acreditados tres laboratorios en el mundo para validar estas modificaciones. Dado que estos laboratorios atienden a múltiples países, los tiempos de espera podrían retrasar aún más la adaptación de las plataformas, afectando la operatividad de los operadores que dependen de estas certificaciones.
Impacto en la salud pública y auge del mercado ilegal
El sector de juegos de suerte y azar es un pilar clave en el financiamiento de la salud subsidiada en Colombia. Si la carga tributaria lleva a la reducción de operaciones o al cierre de alguna de los 15 operadores autorizados en el país, los recursos destinados a programas médicos podrían disminuir significativamente. Además, es posible que un aumento en los costos podría incentivar a los jugadores a migrar a plataformas ilegales, fuera del marco regulatorio colombiano. Esto no solo afectaría la recaudación fiscal, sino que también pondría en riesgo a los usuarios, quienes quedarían expuestos a operadores sin garantías de pago ni mecanismos de juego responsable.
“Si no se revisa esta medida, no solo perderá la industria legalmente establecida, sino también la salud pública, que depende en gran parte de nuestros aportes”, advirtió Cárdenas. “Además, podríamos ver un crecimiento del mercado ilegal, lo que sería un retroceso en todo lo que hemos avanzado en regulación”.
Llamado urgente a reconciderar la medida
Fecoljuegos insta al Gobierno a evaluar detenidamente los efectos de esta medida y a establecer un diálogo con el sector para encontrar soluciones que no comprometan la estabilidad de la industria ni los recursos que aporta al país. La regulación del juego en Colombia ha sido un modelo a nivel regional, pero decisiones apresuradas podrían revertir el progreso logrado hasta ahora.
El desafío no es menor: se trata de encontrar un equilibrio entre la recaudación fiscal y la sostenibilidad de un sector que, además de generar empleo, cumple un rol fundamental en la economía nacional. El tiempo corre y las respuestas no pueden esperar.
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