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El escándalo con las apuestas electorales en el Reino Unido entró en una etapa crítica el viernes 13 de junio, cuando 15 acusados con estrechos vínculos con el Partido Conservador comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Westminster acusados de delitos penales en virtud de la Ley de Juego de 2005.
En el centro del escándalo de las apuestas electorales se encuentra Craig Williams, exdiputado por Montgomeryshire y secretario privado parlamentario del entonces primer ministro Rishi Sunak. La fiscalía afirma que Williams apostó 100 libras esterlinas en las elecciones de julio de 2024 pocos días antes del anuncio oficial y que transmitió información privilegiada a terceros. De probarse, dicha conducta se enmarca en el artículo 42 de la Ley del Juego, que penaliza las trampas en el juego.
Doce de los acusados se declararon inocentes, entre ellos figuras destacadas de la campaña conservadora como Anthony Lee y Laura Saunders, el exjefe de datos Nick Mason y el exmiembro del Senedd Russell George. Williams, junto con Jeremy Hunt, exagente de policía, y Jacob Wilmer, exasesor especial, no dieron indicios de declararse inocentes.
Según la Comisión del Juego del Reino Unido, los 15 individuos enfrentan cargos en virtud del artículo 42 de la Ley del Juego de 2005, relacionados con acusaciones de “utilizar información privilegiada para obtener una ventaja injusta en los mercados de apuestas”. El Tribunal de Magistrados de Westminster acusó a las 15 personas, y el caso ahora se dirige al Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales para un juicio completo. SiGMA News informó sobre los cargos formales presentados por la Comisión del Juego del Reino Unido en abril.
Los operadores de apuestas detectaron apuestas inusuales en las elecciones de julio, una fecha no prevista públicamente, lo que llevó a la Comisión a iniciar su investigación, denominada Operación Scott, en junio de 2024. Según informó SiGMA News en su momento, la Comisión de Juego inició su investigación tras la actividad sospechosa detectada por los operadores de apuestas, que sugería un posible uso indebido de información privilegiada. La decisión de Sunak de acudir a las urnas el 4 de julio pilló desprevenido incluso a su gabinete, lo que hizo sospechar que solo unos pocos conocían el plan con antelación.
Williams admitió públicamente haber hecho una apuesta, pero inicialmente la describió como una simple “apuesta” y un error de juicio. Sin embargo, los investigadores creen que un grupo más amplio de miembros del partido podría haber utilizado información confidencial de conversaciones en Downing Street o en el Cuartel General de Comunicaciones del Congreso (CCHQ) para realizar apuestas coordinadas u oportunistas sobre el calendario electoral.
Esta fase del escándalo de apuestas electorales ha expuesto las vulnerabilidades con las que la información política puede filtrarse en los mercados regulados.
Según el artículo 42, hacer trampa en los juegos de azar constituye un delito penal, incluyendo el aprovechamiento de información no disponible para el público general. Varios acusados, entre ellos Williams, Lee y Anthony Hind, exdirector digital adjunto, enfrentan cargos adicionales por ayudar a otros a hacer trampa, lo que extiende la responsabilidad más allá de las apuestas individuales realizadas.
De ser declarado culpable, el acusado podría enfrentar hasta dos años de prisión o una multa ilimitada. El fiscal Sam Stein KC, representante de la UKGC, confirmó que las pruebas se centrarían en pistas de comunicación, registros de apuestas y acceso a la planificación confidencial de la campaña.
El escándalo de las apuestas electorales ya ha supuesto un duro golpe para la reputación del Partido Conservador, que sufrió una aplastante derrota en las elecciones de 2024. Una investigación independiente de la Policía Metropolitana sobre acusaciones relacionadas con agentes de policía se cerró en agosto de 2024 sin cargos, pero la Comisión se reservó el derecho a iniciar acciones judiciales de forma independiente.
El ex primer ministro Rishi Sunak, quien no está acusado de irregularidades, ha prestado declaración como testigo. Afirmó que propuso elecciones para la segunda mitad de 2024, pero no dio una fecha definitiva a los diputados ni al personal del partido antes del anuncio público.
El asunto ha puesto a prueba la confianza pública en la integridad de los políticos y la eficacia de la aplicación de las normas. Cuando los políticos con información privilegiada se aprovechan de secretos gubernamentales, incluso con apuestas de bajo presupuesto, reavivan la polémica sobre la restricción o el endurecimiento de los mercados de apuestas políticas.
Está previsto que los 15 acusados comparezcan ante el Tribunal de la Corona de Southwark el 11 de julio de 2025 a las 10:00 h. El Tribunal determinará los próximos pasos en lo que se perfila como uno de los debates legales más importantes sobre la legislación del juego en la historia reciente del Reino Unido.
La Comisión del Juego ya no investiga un puñado de apuestas fraudulentas. Está poniendo a prueba los límites de la integridad política en un mercado regulado. Cuando los círculos de poder se convierten en círculos de ganancias, incluso las apuestas pequeñas proyectan largas sombras. Y ahora, la ruleta de la justicia está girando, y nadie en la mesa debería ser inmune.