- Cumbres
- Noticias
- Fundación SiGMA
- Formación y asesoramiento
- Tour de póquer
- Sobre nosotros
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra Malta por el artículo 56A de la Ley del Juego, conocida comúnmente como proyecto de ley 55. La Comisión alega que la ley maltesa sobre el juego infringe las normas de la Unión Europea en materia de sentencias civiles y mercantiles, puesto que permite que los tribunales locales rechacen sistemáticamente las sentencias de otros países de la UE en lo que respecta a litigios relacionados con el juego en línea.
Bruselas argumenta que el proyecto de ley 55 socava el sistema jurídico de la UE y la confianza mutua entre los Estados miembros. “Malta está protegiendo eficazmente a su sector de juegos en línea de litigios transfronterizos”, declaró la Comisión en un comunicado, añadiendo que el país está haciendo un uso indebido de la excepción de orden público, que se supone debe aplicarse solo en casos excepcionales.
Si Malta no da una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podrá elevar el asunto a un nivel superior emitiendo un dictamen motivado, el segundo paso del procedimiento de infracción de la UE, que en última instancia puede conducir a un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El proyecto de ley 55 se presentó en 2023 en respuesta a los intentos de tribunales extranjeros de ejecutar sentencias contra operadores de juegos de azar con licencia en Malta. Tribunales de países como Austria y Alemania han ordenado a estas empresas que reembolsen las pérdidas de los jugadores, argumentando que operaban ilegalmente en sus jurisdicciones nacionales.
Cientos de casos siguen en curso, algunos de los cuales han escalado a nivel europeo. Cada vez más jugadores alemanes demandan a operadores con licencia en otros países europeos para recuperar las pérdidas de juego. Gracias a las sentencias judiciales favorables y la evolución de la normativa, ha surgido una nueva industria de servicios legales que ofrece consultas gratuitas, financiación de litigios y un modelo familiar: apostar, perder, demandar y repetir.
Sin embargo, la ley maltesa generó rápidamente controversia, y los críticos afirmaron que permite a los operadores esconderse detrás del sistema legal de Malta para evitar pagar daños o enfrentar la aplicación de la ley en otros países de la UE.
Sin embargo, desde el punto de vista de Malta, la ley era necesaria para proteger su industria de lo que considera acciones legales injustas en el extranjero, a menudo de países con posturas más conservadoras sobre el juego.
Tras meses de escrutinio, la Comisión Europea parece ahora dispuesta a actuar contra el proyecto de ley 55, dando el primer paso para solicitar su retirada mediante la emisión de una notificación formal de infracción a Malta.
Poco después del aviso de la Comisión, la Autoridad del Juego de Malta (MGA) emitió su propia declaración defendiendo el proyecto de ley 55 y rechazando las afirmaciones de la Comisión.
La MGA destacó que todo el marco del juego en Malta se basó en un modelo de punto de suministro, lo que significa que las empresas con licencia en Malta pueden ofrecer servicios transfronterizos, siempre que cumplan las normas. Este modelo, según Malta, respalda los valores fundamentales de la UE: la libre circulación de servicios y la libertad de establecimiento.
Y aunque Malta ha estado durante mucho tiempo en desacuerdo con Estados miembros más restrictivos, la MGA insistió en que son esas restricciones, no las normas de Malta, las que rompen con la legislación de la UE.
“Hemos pasado más de 20 años desafiando barreras injustificadas al acceso al mercado”, afirmaron desde la MGA.
Además, la MGA reiteró lo siguiente: “Malta está comprometida con la promoción del juego responsable y la protección de todos los jugadores, independientemente de su país de residencia”.
Afirmando además su conformidad con los principios de la UE, la MGA señaló: “Malta ha mantenido sistemáticamente la postura de que su marco regulador del juego se ajusta a los principios establecidos por el TJUE”. Según la MGA, el proyecto de ley 55 no bloquea las sentencias de los tribunales europeos en general ni impide demandar a operadores con licencia maltesa en Malta o en otros lugares.
En cambio, la MGA argumenta que la ley “confirma la política pública de larga data de Malta en materia de juegos de azar en línea y refleja las normas vigentes en el derecho de la UE, en concreto la excepción de orden público del Reglamento Bruselas I refundido”. Remarca que el proyecto de ley 55 “no introduce motivos nuevos ni distintos para rechazar sentencias extranjeras”.
Malta tiene hasta mediados de agosto para responder a las preocupaciones de la Comisión. Si la respuesta no satisface a Bruselas, el caso podría llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde podría emitirse una sentencia vinculante. Si Malta persiste en su negativa a cumplir, podrían imponérsele sanciones económicas.
Por ahora, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores afirman que seguirá colaborando con el gobierno y manteniendo un diálogo abierto y constructivo con la Comisión. Pero tras el tono diplomático, es evidente que ninguna de las partes cederá fácilmente.