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Caso de trata ligado a un POGO: se emitió orden de arresto contra Harry Roque
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Un tribunal regional de primera instancia en Pampanga ha emitido órdenes de arresto contra el exvocero presidencial Harry Roque y Cassandra Ong, socia de Whirlwind Corporation, en relación con sus presuntos roles en las operaciones ilegales de un operador de juego extraterritorial de Filipinas (POGO) en Porac, Pampanga.
Según un artículo de Inquirer.net, la Sucursal 118 del Tribunal Regional de Primera Instancia de la Ciudad de Ángeles, presidida por el juez René Reyes, emitió la orden bajo cargos de trata de personas calificada. La acción judicial sigue a la presentación anterior por parte del Departamento de Justicia de cargos sin derecho a fianza contra Roque, Ong y más de 40 personas involucradas en lo que las autoridades describen como prácticas de explotación en el sitio Lucky South 99, una instalación de POGO allanada a mediados de 2024.
Trabajadores que presuntamente eran forzados a trabajar en un sitio de POGO
Los cargos penales se derivan de una redada policial realizada en junio de 2024, que reveló condiciones dentro del complejo POGO que, según las autoridades, apuntan a trabajo forzoso y trata de personas. Las víctimas, muchas de ellas de nacionalidad china, fueron presuntamente detenidas en las instalaciones, sometidas a coerción física y psicológica y obligadas a trabajar como agentes de atención al cliente en línea.
Según el informe de los medios locales, la fiscalía afirma que el establecimiento operaba bajo la apariencia de una empresa de juegos legítima, cuando en realidad funcionaba como fachada para el juego ilegal en línea y la trata de personas. Informes del Departamento de Justicia (DOJ) indican que se confiscaron los pasaportes y dispositivos de comunicación de los trabajadores, lo que les impidió salir de las instalaciones.
Investigaciones posteriores sugieren que algunas víctimas fueron vendidas a trabajos forzados para pagar deudas relacionadas con el juego. Los testimonios de las víctimas describen casos de secuestro, amenazas y confinamiento dentro del complejo mantenido por Whirlwind Corporation y operado por Lucky South 99.
Consecuencias legales y jurídicas para Roque
Roque, quien anteriormente se desempeñó como asesor legal de las empresas involucradas, está acusado de usar sus conexiones legales y políticas para facilitar la renovación de la licencia de juego de Lucky South 99, a pesar de tener conocimiento de las presuntas operaciones de trata. La fiscalía alega que sus servicios legales fueron más allá de la representación rutinaria, señalando su participación directa en el mantenimiento de la operación.
Roque ha negado públicamente los cargos y ha afirmado que el caso tiene motivaciones políticas. Sostiene que su papel fue estrictamente legal y afirma no haber participado en ningún acto delictivo. Roque actualmente solicita asilo en los Países Bajos, alegando persecución política.
Medidas del gobierno más amplias contra los POGO
El caso forma parte de una campaña más amplia del gobierno filipino para desmantelar las operaciones ilegales de los POGO luego de las denuncias generalizadas sobre actividades delictivas, como la trata de personas, el lavado de dinero y la ciberdelincuencia. En 2024, el gobierno decidió clausurar todas las operaciones de POGO restantes en todo el país.
