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La Contraloría General de la República de Chile ha reiterado la prohibición para los funcionarios públicos encargados de la custodia de fondos estatales de participar en apuestas en casinos, una medida que busca evitar riesgos de daño patrimonial al Estado. Este pronunciamiento surge tras el caso de una exalcaldesa de Nogales, quien fue vista en el Casino Enjoy de Rinconada presuntamente mientras aún ejercía funciones públicas. La situación fue denunciada por los diputados Francisca Bello y Diego Ibáñez, quienes consideraron la conducta como una infracción a la Ley 19.995, que regula la probidad de los funcionarios públicos y la operación de casinos de juego en Chile.
En su defensa, Osorio argumentó que su rol era meramente administrativo y no implicaba la custodia directa de fondos públicos. Sin embargo, la Contraloría, mediante la resolución N° E30528 de 2025, aclaró que administrar fondos públicos implica también su custodia y la responsabilidad de velar por su uso correcto. Por lo tanto, determinó que la exalcaldesa sí tenía la obligación de proteger el patrimonio municipal, y su participación en apuestas contraviene la normativa vigente123, según reportan medios locales.
El contexto legal del juego en Chile presenta matices importantes entre el ámbito presencial y en línea. Los casinos físicos están regulados por la Ley de Casinos de Juego de 2005, que establece un marco legal claro para su funcionamiento y supervisión. Por tanto, el juego presencial en casinos autorizados es legal para el público general, siempre que se cumplan los requisitos legales. Sin embargo, la normativa es estricta respecto a los funcionarios públicos encargados de la custodia de fondos estatales, prohibiéndoles participar en este tipo de actividades para evitar posibles conflictos de interés y proteger el patrimonio público123.
En cuanto al juego en línea, la situación es diferente. En septiembre de 2023, la Corte Suprema de Chile declaró ilegales las plataformas de apuestas deportivas en línea, ordenando el bloqueo de más de 20 sitios, en respuesta a una apelación de la Polla Chilena de Beneficencia, entidad estatal con derechos exclusivos sobre las apuestas deportivas. Esta decisión afectó gravemente a operadores internacionales y provocó la cancelación de contratos de patrocinio deportivo, como el de la ANFP con Betsson.
Pese a este fallo, el Congreso chileno trabaja en el proyecto de ley 035/2022, que busca establecer un marco regulatorio para el juego en línea. La propuesta contempla sanciones para operadores sin licencia y para quienes promuevan sus servicios, con multas de hasta 15.000 dólares y penas de cárcel. Además, introduce un periodo de “enfriamiento” para impedir que plataformas que hayan operado ilegalmente en los 12 meses previos a la solicitud de licencia puedan acceder al mercado regulado.
Actualmente no existe una prohibición explícita para que los usuarios participen, pero tampoco hay un marco regulatorio específico que permita y regule la operación de plataformas internacionales, salvo la concesión exclusiva de la Polla Chilena para apuestas deportivas
La prohibición para los funcionarios públicos encargados de la custodia de fondos estatales de participar en apuestas en casinos responde a la necesidad de proteger el patrimonio público y garantizar la probidad administrativa. La Contraloría enfatiza que estos funcionarios tienen una responsabilidad fiduciaria sobre los recursos del Estado, lo que implica no solo su administración, sino también su custodia y correcta utilización. Permitir que participen en juegos de azar podría exponerlos a riesgos financieros personales que, en última instancia, podrían afectar los fondos públicos bajo su responsabilidad.
Además, la normativa busca evitar cualquier apariencia de conflicto de interés o de uso indebido de recursos estatales para fines personales. La participación de funcionarios en apuestas podría minar la confianza pública en la administración y abrir la puerta a posibles actos de corrupción o malversación.
El caso de la exfuncionaria pública y la respuesta de la Contraloría chilena ponen de relieve la importancia de as regulaciones en la gestión pública en Chile. Mientras el juego presencial es legal para la ciudadanía bajo regulación estricta y el juego en línea avanza hacia una regulación formal, los funcionarios encargados de fondos públicos deben abstenerse de participar en apuestas para salvaguardar el interés general y evitar riesgos para el patrimonio estatal. La evolución del marco normativo chileno apunta a un equilibrio entre la apertura del mercado de juegos de azar y la protección de los valores de la administración pública.