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El gobierno rumano haría varias modificaciones en la Oficina Nacional del Juego (National Gambling Office, ONJN) ―el principal órgano regulador del juego del país―, según el periódico local Adevărul. La decisión llega tras meses de presión política, el aumento de la frustración pública y una auditoría que reveló que Rumanía perdió casi mil millones de euros en ingresos fiscales por juegos de azar debido a fallas en las regulaciones.
El rumor de reorganizar la ONJN también viene poco después de que Vlad-Cristian Soare asumiera la dirección del organismo regulador, con la esperanza de corregir años de disfunción. Sin embargo, a pesar de las promesas de Soare de “decencia” y profesionalismo, la verdadera reforma pronto se topó con un obstáculo. Las lagunas legales, la supervisión deficiente y la creciente indignación pública dejaron claro que restaurar la confianza no sería fácil.
El Tribunal de Cuentas de Rumanía afirma que el país perdió casi mil millones de euros en impuestos sobre el juego entre 2019 y 2023 debido a la ONJN. La auditoría presentó la imagen de una autoridad reguladora anclado en el pasado, operando con sistemas informáticos obsoletos, sin verificar la precisión de las tasas de retorno al jugador y con un escaso control de quién tenía licencia y qué pagaba.
Estos problemas se agravaron por la incapacidad de la agencia para adaptarse después de la reforma fiscal de 2019, que introdujo un impuesto mensual del 2 % sobre las tarifas de participación en los juegos de azar en línea.
Soare, quien asumió el cargo hace apenas unas semanas, había diagramado planes para modernizar los sistemas internos de la ONJN, mejorar la contratación de personal y colaborar más estrechamente con la Agencia Nacional de Administración Tributaria (ANAF). Sin embargo, según las críticas, estas iniciativas no eran suficientes y llegaban demasiado tarde para un organismo que había perdido la confianza pública y política.
Entre las reformas más esperadas bajo la supervisión de ONJN estaba la creación de un sistema nacional de autoexclusión, que permite a los jugadores optar por no jugar en línea a través del sitio web del regulador, una mejora significativa con respecto al proceso actual.
Sin embargo, el progreso se estancó. La Comisión Jurídica del Senado demoró el debate sobre dos importantes proyectos de ley de reforma del juego, puesto que solicitaban más tiempo para analizar cuestiones legales, como por ejemplo, si se debía permitir a las personas revocar la herramienta de la autoexclusión y cómo funcionarían realmente los límites de gasto basados en los ingresos. Al mismo tiempo, algunos legisladores comenzaron a decir abiertamente lo que muchos ya pensaban: la ONJN simplemente no estaba a la altura de la tarea. Exigieron que sus competencias se transfirieran al Ministerio de Finanzas y a la ANAF, argumentando que la agencia carecía de credibilidad y de las herramientas necesarias para realizar su trabajo correctamente.
Mientras continuaban los debates sobre la reforma, los jugadores vulnerables permanecieron expuestos. Grupos de defensa y especialistas en adicciones han advertido que la continua demora en la aplicación de medidas de juego responsable está llevando a los consumidores a recurrir a operadores del mercado ilegal, los cuales ofrecen poca o ninguna protección al jugador y operan fuera del alcance de la regulación nacional.