- Cumbres
- Noticias
- Fundación SiGMA
- Formación y asesoramiento
- Tour de póquer
- Sobre nosotros
SONAJA alerta sobre desafíos fiscales del juego en Perú
Etiquetas:
El sector del juego en Perú ha transitado en los últimos años por una senda de expansión marcada por la digitalización y la apertura a nuevas formas de apuestas, tanto en casinos físicos como en el entorno en línea. Sin embargo, este crecimiento no ha sido lineal. Fernando Calderón, presidente de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar de Perú (SONAJA), como panelista de GAT Expo Cartagena, ha puesto sobre la mesa los dilemas y oportunidades que enfrenta la industria peruana, no solo desde el punto de vista económico, sino también en términos de sostenibilidad, competencia y regulación.
Calderón destacó en su intervención cómo la industria ha alternado fases de auge con periodos de contracción, influidos por factores económicos, políticos y regulatorios. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, fue un punto de inflexión: aceleró la transición hacia el juego online y obligó a operadores y proveedores a adaptarse rápidamente a nuevas realidades tecnológicas y de consumo.
SONAJA, un cuarto de siglo en el juego
La Sociedad Nacional de Juegos de Azar (SONAJA), fundada en 1998, agrupa a empresas y operadores del sector en Perú. Es el gremio más representativo, participa en la elaboración de normativas y ofrece asesoría, estadísticas y eventos para fortalecer la industria nacional.
Regulación, fiscalidad y retos del juego en línea
Uno de los ejes centrales de la exposición de Calderón fue el impacto de la regulación del juego en línea en Perú. La promulgación de la Ley N° 31557 y su modificación por la Ley N° 31806, junto con la entrada en vigor de su reglamento, han establecido un marco normativo integral que busca garantizar la transparencia, la protección al consumidor y la integridad de las operaciones de juego a distancia. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) ha asumido el papel de autoridad reguladora, exigiendo a todas las empresas de apuestas en línea la obtención de licencias y el cumplimiento de estrictos requisitos de verificación de identidad y seguridad.
Praxis tributaria
La aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) ha generado controversias. Calderón fue especialmente crítico con los errores en la implementación de este tributo, que grava las actividades de juegos de azar y apuestas con el objetivo de desalentar prácticas consideradas de alto impacto social y recaudar fondos para el Estado. Según el presidente de SONAJA, la mala aplicación del ISC ha distorsionado el mercado, afectando la competitividad de los operadores formales frente a la informalidad y desincentivando la inversión y la innovación en el sector. Además, advirtió que una política fiscal mal diseñada podría fracasar en su objetivo recaudatorio si no va acompañada de una fiscalización efectiva y reglas claras para todos los actores.
2025: impuesto sube a 1% y el Estado reparte la recaudación
El nuevo régimen tributario, que entrará en vigor plenamente en julio de 2025, establece una tasa inicial del 0,3% sobre cada jugada online, que subirá al 1% a partir del segundo semestre del año. Los recursos recaudados se distribuirán entre el Tesoro Público, el Instituto Peruano del Deporte, el Ministerio de Salud y el propio MINCETUR, que destinará parte de los fondos a la fiscalización de las casas de apuestas. Para más información oficial sobre el ISC y su aplicación, se puede consultar la Plataforma del Estado Peruano y el portal de MINCETUR.
Lecciones de Perú
El cierre de la intervención de Calderón en Cartagena estuvo marcado por un llamado a la colaboración entre el sector privado, los reguladores y el Estado. Solo una acción coordinada permitirá aprovechar el impulso digital, garantizar la transparencia y construir una industria sostenible y segura para todos los involucrados. El panel coincidió en que el futuro del sector dependerá de la capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, la profesionalización de los operadores y la implementación de políticas públicas coherentes con la realidad del mercado.
