SiGMA celebra un retiro en Corea del Sur en agosto

Singapur, en sus esfuerzos por luchar contra la financiación del terrorismo, aplica una normativa más estricta para los casinos. Las medidas actualizadas, que anunció el organismo regulador del juego del país el 1 de junio de 2024, incluyen reducir el umbral para realizar comprobaciones de diligencia debida sobre los depósitos en efectivo.

En virtud de la nueva normativa, los casinos de Singapur deben ahora realizar comprobaciones de diligencia debida para depósitos en efectivo iguales o superiores a 4.000 dólares singapurenses (aproximadamente 2.744 euros), respecto al umbral anterior de 5.000 (3.430). La Autoridad Reguladora del Juego declaró que este ajuste adapta los requisitos de Singapur a los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de vigilancia mundial en materia de blanqueo y financiación del terrorismo.

La Estrategia Nacional revisada de Lucha contra la Financiación del Terrorismo, publicada conjuntamente por el ministerio del Interior, el ministerio de Finanzas y la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), define medidas para identificar, controlar y mitigar los riesgos de financiación del terrorismo.

La estrategia de Singapur se centra en las principales amenazas de grupos terroristas como ISIS, Al-Qaeda y Jemaah Islamiyah, así como en las posibles repercusiones de los conflictos. Las autoridades señalan los riesgos que plantean los individuos autorradicalizados y el extremismo de extrema derecha: "el extremismo de extrema derecha es también una preocupación de seguridad en muchos países", observaron las autoridades.

Hace unos días, K. Shanmugam, ministro de Justicia e Interior, declaró que Singapur es "un objetivo muy importante" para los terroristas y cita recientes atentados y detenciones en el país vecino, Malasia.

La reducción del umbral de diligencia debida es un paso proactivo para alinear a Singapur con las normas del (GAFI). El GAFI, con sede en París, establece parámetros internacionales para combatir el blanqueo y la financiación del terrorismo.

La adhesión de Singapur a estas directrices es esencial para mantener su reputación como centro financiero sólido con altos niveles de integridad financiera.

En diciembre de 2023, Singapur demostró su compromiso e impone una importante multa de 2,25 millones de dólares singapurenses a Resorts World Sentosa por controles inadecuados. Esto supuso la mayor sanción jamás impuesta por la GRA a un operador de casinos.

La Estrategia Nacional actualizada de Singapur para la Lucha contra la financiación del terrorismo incluye la Evaluación Nacional de Riesgos de la financiación del terrorismo, que proporciona un análisis detallado de las amenazas actuales y emergentes. Esta evaluación identifica áreas de riesgo críticas como los servicios de envío de dinero, la recaudación de fondos en línea y los nuevos sistemas de pago transfronterizos, así como las vulnerabilidades potenciales en las organizaciones sin ánimo de lucro y los servicios de fichas de pago digitales utilizados para la financiación del terrorismo. El informe subraya la necesidad de un control permanente y de la colaboración entre sectores para hacer frente eficazmente a estos riesgos.

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El juez Shepherd mantiene la prohibición en Kentucky las populares "máquinas grises", juegos de habilidad que ofrecen pagos en metálico y operaban en una zona legal "gris". Algunos sostienen que las máquinas son juegos basados en la habilidad. Aun así, otros declaran que el elemento de azar de los juegos los convierte en última instancia en máquinas de juego o tragaperras camufladas.

La polémica en torno a las máquinas alcanzó su punto álgido cuando el gobernador Andy Beshear firmó la ley HB 594 en 2023. La legislación finalizó la difusa distinción entre juegos y apuestas. Así, ilegalizó el funcionamiento de los dispositivos e impuso cuantiosas multas a las empresas y fabricantes que no cumplieran la normativa.

La batalla legal empezó cuando Pace-O-Matic, un operador importante con 2.500 máquinas en el estado, impugnó la ley. Este argumentó en contra de su constitucionalidad y trató de anular la prohibición. Aunque las máquinas de la empresa en todo el estado permanecen en pequeños comercios, están inhabilitadas, a la espera de una decisión definitiva.

Pace-O-Matic alega que la prohibición es inconstitucional por varias razones, entre ellas viola la libertad de expresión, las garantías procesales, la igualdad de protección y la separación de poderes. También alega que la prohibición constituye una expropiación sin compensación justa.

La demanda afirma que los juegos de habilidad son una forma de expresión que comunica ideas a través de características literarias únicas y deben estar protegidos por la Constitución de Kentucky.

Además, sostiene que la prohibición afecta injustamente a determinados juegos de habilidad electrónicos de tipo vídeo. Por otro lado, permite dispositivos similares utilizados en esports o las .

La decisión del juez Shepherd dio la razón al fiscal general Russell Coleman, que defendió enérgicamente la ley por considerarla necesaria para proteger a las familias y los niños de Kentucky de los posibles daños sociales asociados al juego no regulado. Coleman elogió el esfuerzo bipartidista de la legislatura para aprobar la ley.

La sentencia aborda varios argumentos clave de aquellos en contra de prohibirlas, incluidas las alegaciones de que la ley viola los derechos de libertad de expresión y apunta injustamente a industrias específicas. La exhaustiva sentencia de 52 páginas del juez Shepherd desestimó las alegaciones. Asimismo, afirma que el poder legislativo tenía autoridad para regular las actividades de juego con el fin de proteger el bienestar público.

Los partidarios de la prohibición, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, David Osborne, celebraron la decisión como una validación de la intención del poder legislativo de luchar contra las prácticas ilegales de juego. Argumentaron que permitir que las máquinas funcionaran sin supervisión podría haber llevado a ampliar el juego en todo el estado. Esto socavaría potencialmente los marcos reguladores existentes.

Por el contrario, los detractores, como Pace-O-Matic y sus representantes legales, expresaron su decepción por la decisión del tribunal e indicaron que estudiaban recurrirla. Alegaron que la ley apuntaba injustamente a su sector y abogaron por reconocer estas máquinas como "juegos de habilidad" legales en lugar de dispositivos de juego.

A principios de este año, en marzo, la asamblea legislativa de Virginia votó a favor de prohibir las máquinas de juegos de habilidad y regular el mercado. Con esto, afirmaron que los ingresos fiscales eran muy necesarios (con un impuesto del 25%) y que muchas pequeñas empresas dependían de las máquinas para sobrevivir.

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Hoy, 1 de julio, Suecia implementa un aumento del impuesto sobre el juego hasta el 22% de los ingresos brutos del juego. En 2019, el país había introducido un impuesto del 18% sobre los beneficios del juego como parte de una reforma regulatoria más amplia sobre iGaming.

La decisión de aumentar el impuesto ha recibido una en de la industria. Partes interesadas como la Asociación Sueca del Juego en Línea y las principales empresas de juego han expresado su preocupación. Argumentan que el aumento podría llevar a los jugadores a buscar operadores sin licencia. Este hecho podría anular los avances logrados en la reducción de la influencia del mercado del juego ilegal.

Gustaf Hoffstedt, secretario general de la , ha pronosticado que el mercado sin licencia prosperaría con el nuevo régimen fiscal. Esto se debe a que los operadores con licencia tienen más presión económica.

Dentro de la industria del juego, los operadores más tradicionales, como ATG, especializada en hipódromos y carreras de caballos, se oponen a que el impuesto afecte uniformemente a todos los operadores de juego. Argumentan que el juego en línea, que ha experimentado un crecimiento sustancial de los ingresos, debería soportar, en cambio, el peso de la nueva política gubernamental.

Sin embargo, las partes interesadas del sector no son las únicas que se han opuesto al nuevo régimen fiscal. La Asociación Sueca de Ligas de Fútbol Profesional declaró que los clubes de todo el país dependen de asociaciones con operadores de apuestas deportivas. Expresaron su preocupación por la posible pérdida de ingresos procedentes de los patrocinios y la presión económica que podría suponer para los clubes. "El fútbol no puede vivir únicamente del compromiso y el esfuerzo voluntario de jugadores, directivos y aficionados: también se necesita dinero", declaró la Asociación.

Para defender la subida de impuestos, el gobierno sueco prevé un aumento de los ingresos fiscales. Se estima un incremento anual de 540 millones de coronas suecas (aproximadamente 47 millones de euros).

Además, el gobierno ha trabajado incansablemente para luchar contra el mercado negro. El objetivo es conseguir una tasa de canalización del 90% o superior y garantiza que la mayor parte del juego en Suecia se produzca a través de operadores con licencia.

El gobierno llevó a cabo una investigación antes de la regulación del mercado de 2019, que sugería que rebajar el impuesto al 20% sería lo más adecuado para los ingresos brutos del juego. Sin embargo, en ese momento, el gobierno optó por fijar el tipo impositivo en el 18% como medida para priorizar los esfuerzos de estabilización y canalización del mercado. Cinco años después, el gobierno consideró oportuno aplicar el impuesto recomendado inicialmente.

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(SGHC), la empresa que detrás de los casinos y Spin, anunció el 27 de junio que empezará a pagar dividendos en efectivo a los accionistas.

La empresa tiene previsto pagar al menos 0,10 dólares por acción el 17 de julio de 2024. Para tener derecho a este primer reparto, los accionistas deben haber poseído acciones al cierre de las operaciones del 8 de julio.

"Declarar un dividendo demuestra nuestra confianza en la empresa y en nuestra solidez permanente. Estamos especialmente satisfechos de poder devolver capital a nuestros accionistas y asimismo buscamos mantener nuestras oportunidades de crecimiento." - Neal Menashe, director general de Super Group.

Super Group se comprometió a devolver a los accionistas un dividendo anual mínimo de 0,10 dólares por acción a partir del año. No obstante, el consejo de administración podrá aprobar pagos superiores en función de los resultados de la empresa. El planteamiento permite a Super Group equilibrar la retribución a los accionistas y la asignación de recursos a otras actividades estratégicas de crecimiento.

Super Group considera activamente actualizar su programa de dividendos. La empresa evalúa la transición a una estructura de dividendos trimestrales para principios de 2025 (sujeto a la aprobación final del consejo). El cambio potencial permitiría a los inversores recibir pagos de dividendos cuatro veces al año. Esto aumenta significativamente la frecuencia de los pagos.

El paso a los dividendos trimestrales podría aumentar significativamente el atractivo de las acciones de Super Group, en particular para los inversores orientados a los ingresos que buscan un flujo constante de rendimientos. Este cambio potencial subraya el compromiso a largo plazo de Super Group de maximizar el valor para el accionista y la confianza en generar una rentabilidad constante.

El lanzamiento del programa de dividendos constituye un acontecimiento significativo para Super Group. La decisión estratégica refuerza las relaciones con los inversores al demostrar el compromiso de compartir el éxito de la empresa con sus accionistas. Además, el posible cambio a pagos trimestrales podría atraer a más interesados a participar en el desarrollo continuo de Super Group. En conjunto, el anuncio supone un avance positivo para Super Group y sus accionistas.

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