El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acaba de firmar un decreto por el que se prohibirán las máquinas tragaperras y los juegos de casino.
La orden, que entrará en vigor el 17 de noviembre, pondrá en entredicho la normativa nacional sobre juegos de azar de 2004.
El decreto establece que “ya no se permite extraer números o símbolos de máquinas”, lo que supone prohibir determinados juegos.
Las licencias existentes no se verán afectadas, pero dejarán de autorizarse nuevos permisos para el juego en casinos.
Como era de esperar, tanto los responsables del sector como los juristas han criticado el decreto. Es planteando problemas de constitucionalidad.
Tanto es así que más de 450 establecimientos han expresado su frustración en forma de numerosos recursos.
Los expertos jurídicos han presentado recursos contra este decreto, señalando errores y falta de comprensión por parte de la industria.
La preocupación predominante es, sin duda, la pérdida masiva de puestos de trabajo que podría provocar la prohibición. Además, la contribución importante de la industria del juego podría tener repercusiones mucho mayores de lo que se creía en un principio.
Expertos legales han argumentado hasta ahora que los juegos en cuestión son permisibles bajo la Ley Federal Mexicana, con los cambios que contradicen la clasificación de la Suprema Corte de 2016 de las máquinas tragamonedas como “sorteos”.
El decreto también cuestiona legalizar las máquinas tragaperras por parte de la administración de Felipe Calderón siete años antes.
La industria ha quedado en vilo con esta acción regulatoria, mientras que muchos piden un enfoque mucho más equilibrado debido a las importantes implicaciones que los casinos y el sector del juego fronterizo en México tienen en el poder económico de la nación.
El decreto lo ha defendido por el ministerio del Interior, que ha citado los riesgos de las máquinas tragaperras y otras formas de juego como la corrupción de menores y los vínculos con el crimen organizado.
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