El clamor contra los operadores de juego filipinos extraterritoriales (POGO) se intensifica a medida que asociaciones empresariales, grupos de reflexión económica y grupos políticos unen sus fuerzas para abogar por la prohibición de estas operaciones dirigidas por chinos. Los críticos sostienen que los perjuicios sociales superan con creces cualquier beneficio económico.
En una declaración conjunta, varias organizaciones influyentes, como el Club Empresarial de Makati, el Instituto de Ejecutivos Financieros de Filipinas y la Asociación de Gestión de Filipinas, expresaron su pleno apoyo a las recomendaciones del Departamento de Finanzas (DOF) y la Autoridad Nacional de Economía y Desarrollo (NEDA) de prohibir las POGO.
Mínima contribución económica
La declaración, respaldada por la Fundación para la Libertad Económica, la Iniciativa para la Reforma de la Justicia y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Economía de la Universidad de Filipinas, subrayó que los POGO solo contribuyeron en un 0,2% al PIB del país en 2023. Destacaron los costes sociales graves asociados a las POGO, como el tráfico de personas, los secuestros y el blanqueo, que se detallaron en recientes audiencias del Senado y declaraciones de la NEDA.
Según la Policía Nacional Filipina, el 55% de los casos de secuestro en 2022 estaban relacionados con las POGO. Los críticos advierten de que estos delitos podrían obstaculizar el crecimiento económico, dañar la percepción de los inversores y afectar a las relaciones internacionales.
Incidencia política y social
Personalidades destacadas y organizaciones filipinas, encabezadas por los magistrados jubilados del Tribunal Supremo Antonio Carpio y Conchita Carpio Morales, han hecho un llamamiento al presidente Ferdinand Marcos Jr. para que cancele inmediatamente las licencias POGO. Su carta abierta cita la postura de la embajada china de que todas las formas de juego, incluidas las apuestas en línea de ciudadanos chinos, son ilegales según la legislación china.
En la carta también se critica a la PAGCOR por conceder licencias a las POGO, que se dirigen sobre todo a ciudadanos chinos. En ella se subrayaba que las POGO operan con bandas criminales, en actividades como la detención ilegal, la tortura, el tráfico sexual y la evasión fiscal.
La postura de la PAGCOR
El presidente y director de PAGCOR, Alejandro Tengco, se ha mostrado contrario a prohibir todas las formas de juego en línea. Aboga por una regulación estricta para mejorar la recaudación de impuestos y frenar las actividades ilegales de juego. Tengco argumenta que el cumplimiento de la normativa por parte de los operadores ilegales podría aumentar significativamente los ingresos públicos, con un potencial de entre 200 y 250 mil millones de pesos filipinos.
Sin embargo, según un informe de los medios de comunicación locales, una prohibición total de las POGO podría provocar importantes pérdidas de empleo. En febrero de 2020, se informó de que el 82,3% de los POGO eran extranjeros, solo el 17,7% eran filipinos. La Asociación de Proveedores de Servicios de POGO (ASPAP) declaró que la industria empleaba directamente a unos 11.776 filipinos y sostenía indirectamente muchos más puestos de trabajo en sectores relacionados.
Peticiones de una decisión presidencial
A medida que aumentan los llamamientos, el presidente Marcos se enfrenta a una presión cada vez mayor para que tome una medida decisiva. Grupos empresariales, expertos económicos y defensores sociales instan al gobierno a priorizar el bienestar del país a largo plazo sobre las ganancias financieras a corto plazo de los POGO. La decisión de prohibirlos o no tendrá importantes consecuencias para la economía, el tejido social y su posición internacional.
