El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firma un decreto presidencial que altera significativamente la normativa sobre juegos de azar vigente en el país desde 2004. El decreto del juego mexicano, en pie desde el 17 de noviembre, parece prohibir las máquinas tragaperras y otros juegos de casino en las salas de juego. Este hecho suscita la frustración y los desafíos legales de los abogados mexicanos especializados en el juego y de los funcionarios del sector.
Expertos legales argumentan que el decreto es inconstitucional y cuestionan los cambios realizados a las regulaciones del juego en México. Carlos Portilla Robertson, socio del bufete de abogados Portilla, Ruy-Diaz & Aguilar, criticó el decreto mal elaborado y plagado de errores. Además, destacó la falta de comprensión sobre la industria entre quienes lo redactaron. Portilla expresó su preocupación por la posible pérdida de empleos y estimó que más de 450 establecimientos y miles de empleos formales podrían estar en riesgo.
Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de AIEJA (la asociación que representa a los operadores de ocio y juego en México), se hizo eco de estas preocupaciones. Ochoa destacó la contribución al empleo de los titulares de licencias, operadores y fabricantes del sector. Tanto los expertos jurídicos como los representantes del sector cuestionan la constitucionalidad del decreto, lo que indica un esfuerzo colectivo para impugnar su validez.
El decreto se dirige específicamente a “sortear números o símbolos por medio de máquinas” y eliminar las máquinas tragaperras y juegos similares de tipo casino. Aunque las licencias existentes no se ven afectadas, no se pueden conceder nuevos permisos para juegos de casino. Asimismo, los titulares actuales de permisos no pueden seguir ofreciendo juegos una vez renovadas sus licencias. En particular, no se renovará ningún permiso hasta dentro de cinco años.
El ministerio del Interior (Segob) argumenta que los cambios regulatorios pretender dar claridad jurídica y conseguir ahorros potenciales en el tratamiento de la adicción al juego. Sin embargo, los expertos jurídicos se oponen a esta lógica y afirman que los juegos entran dentro de las categorías permitidas por la legislación federal mexicana. Las preocupaciones planteadas durante una consulta pública sobre el proyecto de resolución se ignoraron y contribuyeron a frustrar a la industria.
El impacto del decreto sobre las máquinas tragaperras y los casinos es significativo. La decisión del gobierno federal sugiere paralizar la concesión de nuevas licencias para negocios con máquinas tragaperras, y los permisos actuales no se renovarán. Los permisos para actividades de apuestas cruzadas en distintos espacios tendrán una validez mínima de un año y máxima de quince, según normativa nueva.
Dicho cambio se da siete años después de que la administración de Felipe Calderón legalizara las máquinas de juego y de que el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación clasificara las máquinas tragamonedas como “sorteos” en 2016. En contraste, el ministerio del Interior argumenta que las máquinas tragamonedas plantean riesgos, incluyendo la corrupción de menores y vínculos con redes del crimen organizado.
A medida que la industria mexicana del juego lidia con los cambios radicales introducidos por el reciente decreto, los desafíos legales y las preocupaciones sobre la constitucionalidad de las regulaciones siguen aumentando. El futuro de los casinos y del sector del juego en general en México es incierto, y las partes interesadas de la industria siguen de cerca los acontecimientos y abogan por un enfoque más matizado que aborde tanto las preocupaciones regulatorias como las contribuciones económicas del sector del juego.
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