El presidente y director general de la PAGCOR, Alejandro Tengco, aclaró que prohibir todos los operadores de juego filipinos extraterritoriales (POGO) incluye a los licenciatarios de juego por Internet (IGL), tal y como ordenó el presidente Ferdinand Marcos Jr. La prohibición de todos los POGO, legales e ilegales, la anunció Marcos en su tercer discurso sobre el estado de la nación (SONA).
Durante una comparecencia ante una comisión mixta en la Cámara de Representantes, Tengco afirmó que la decisión abarca a las 43 entidades jurídicas restantes, ahora denominadas IGL, subrayando la claridad de las órdenes del presidente.
Dificultades de aplicación
A pesar de la claridad de la directiva, sigue habiendo confusión entre legisladores y funcionarios en cuanto a su aplicación. Representantes como Robert Ace Barbers, de Surigao del Norte, y France Castro, de ACT Teachers, expresaron su preocupación por las posibles lagunas jurídicas derivadas del cambio de denominación de los POGO a IGL. Tengco aseguró a los comités que todas las operaciones de POGO bajo la jurisdicción de la PAGCOR cesarían. Además, subrayó la necesidad de distinguir entre operadores legales e ilegales para evitar lagunas en la aplicación de la ley. La distinción es fundamental para garantizar que la prohibición sea completa y eficaz.
En julio de 2023, se introdujo el término IGL para mejorar la imagen de los POGO al aplicar una normativa más estricta y un esfuerzo de cambio de marca. Esta iniciativa redujo el número de operadores con licencia de 298 a 43, ya que muchos no podían cumplir las nuevas normas.
El sector de los POGO había adquirido notoriedad por su asociación con diversas actividades delictivas. Esto motivó a revisar la normativa. Las recientes redadas han manifestado la conexión explícita entre las empresas de juego y actividades ilegales como la prostitución, la tortura y el asesinato. Por ende, refuerzan la necesidad de controles estrictos.
Medidas legislativas y coercitivas
Para garantizar la aplicación efectiva de la directiva, el ministro de Interior, Benjamin Abalos Jr., y otros organismos colaborarán en el cierre operativo. La Comisión Presidencial contra la Delincuencia Organizada (PAOCC) subrayó la importancia del plazo de cinco meses para identificar y deportar a los extranjeros que trabajan en el sector.
El presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, pidió que se promulgara legislación para consolidar la prohibición e impedir que futuras administraciones reactiven estas operaciones.
Impacto económico y consideraciones futuras
La PAGCOR prevé pérdidas de ingresos por la prohibición, estimadas en 7 mil millones de pesos filipinos (110,2 millones de euros) anuales procedentes de los IGL. Además, la Oficina de Impuestos Internos (BIR) y otros organismos podrían perder hasta 23 mil millones de pesos (362 millones de euros) en impuestos y tasas. A pesar de las preocupaciones, el secretario de la Autoridad Nacional de Economía y Desarrollo (NEDA), Arsenio Balisacan, argumentó que los beneficios de prohibirlos superan a los costes y destaca las repercusiones sociales y de reputación negativas de acoger POGO.
Balisacan afirmó que el sector contribuyó menos del 0,5% al PIB en 2022, y que su eliminación podría disuadir de las actividades delictivas vinculadas a estas operaciones. Balisacan destacó que la atención debe centrarse en promover negocios legítimos que mejoren la reputación del país como destino turístico y de inversión.
Transición para los trabajadores desplazados
El gobierno tiene previsto ayudar a los trabajadores desplazados de POGO mediante su transición al sector de la gestión de procesos empresariales y tecnologías de la información. Así, aprovecharían sus conocimientos informáticos. Agencias como el Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) y la Comisión de Educación Superior (CHED) proporcionarán la formación y el apoyo necesarios para facilitar este cambio. El jefe de la Autoridad de la Zona Económica de Filipinas, Tereso Panga, reafirmó el compromiso de la agencia de ayudar a los trabajadores desplazados. También destacó la importancia de mejorar y reciclar las cualificaciones para garantizar una transición fluida a las nuevas oportunidades de empleo.
Por otra parte, Norman Tansingco, Comisario de la Oficina de Inmigración (BI), declaró que unos 20.000 trabajadores extranjeros de POGO e IGL deberán abandonar el país en 60 días. Añadió que la Oficina de Inmigración denegará las solicitudes de visado pendientes y las nuevas solicitudes de visado de trabajadores de los POGO y los IGL.
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