Rumanía aprueba una ley que prohíbe los locales de juego en ciudades y pueblos con menos de 15.000 habitantes. Los diputados de la Cámara Baja aprobaron por unanimidad la ley, conocida como “ley de las máquinas tragaperras”. Se trata de una un movimiento atrevido para frenar la influencia de la industria del juego. Alfred Simonis, líder de los socialdemócratas, la saludó como la primera ley aprobada en el Parlamento en 30 años contra la industria del juego, a la que se refirió como una mafia que ha controlado el mundo político hasta ahora.
La industria del juego, que según Simonis factura entre 10 mil y 12 mil millones de euros, ha expresado su descontento con la nueva ley. Figuras del sector se han quejado de no haber sido consultadas y han expresado su deseo de que las autoridades controlen el mercado negro como prometieron.
A pesar del voto unánime, hubo cierta disensión en la cámara. Dos partidos de la oposición que quieren prohibir de plano la “lacra” del juego acusan al gobierno de connivencia con el sector del juego por no adoptar una postura más firme. Ionut Mosteanu, líder del partido de la oposición USR (arriba), cuestionó la forma en que los legisladores habían fijado el umbral. Argumentó que los legisladores parecían creer que las máquinas tragaperras solo perjudican a 15.000 personas y cuestionó por qué no se había fijado un umbral más alto.
Votación unánime
En las últimas décadas, los locales de juego se han hecho omnipresentes en toda Rumanía. La Oficina Nacional del Juego, organismo estatal que supervisa y aprueba el sector, ha registrado 12.000 salas de apuestas deportivas, bingo, casino y lotería. El estado recauda impuestos de las licencias de las salas de juego y de la venta de entradas por Internet, así como de la cantidad que se gastan las casas de apuestas en publicidad.
No hay datos recientes que indiquen cuántos rumanos son adictos al juego. La última encuesta, realizada en 2016, sugería que podría haber unas 100.000 personas adictas en todo el país. La cifra actual podría ser mucho mayor. Una investigación reciente llevada a cabo por Save the Children muestra que uno de cada siete niños en Rumanía invierte en juegos de azar. Por otro lado, uno de cada 10 vive en familias en las que uno de los padres lo hace. La estadística alarmante recalca la urgencia de abordar el problema de la adicción al juego en el país. La nueva ley es un paso en esa dirección, pero queda por ver hasta qué punto será eficaz para frenar la influencia de la industria del juego.
