La Unión Europea (UE) engloba un mercado variado del juego repartido por múltiples países. Sin embargo, la regulación de este mercado varía significativamente a nivel legislativo nacional entre los Estados miembros de la UE. Como consecuencia, los operadores y los jugadores tienen que realizar esfuerzos adicionales cuando emprenden actividades en un país específico. Por consiguiente, la falta de un marco común europeo plantea importantes cuestiones sobre su impacto en los operadores, los jugadores y los países individuales.
La experiencia acumulada por los operadores titulares de una licencia de juego en Malta es digna de mención. Malta está ampliamente considerada como un país ejemplar, que ofrece a los operadores la oportunidad de desarrollar su actividad, así como garantizar que los operadores con licencia de la Autoridad del Juego de Malta (MGA) se atienen a una normativa estricta. La MGA ha adoptado un enfoque decisivo para defender a las empresas autorizadas de las demandas judiciales presentadas por otros países que pretenden conseguir indemnizaciones considerables por infracciones de la legislación europea.
En los últimos meses, el proyecto de ley 55 de Malta ha acaparado una atención considerable. El proyecto de ley, presentado en abril, proponía enmendar la Ley del Juego de Malta para proteger a las empresas de juego titulares de licencias de la Autoridad del Juego de Malta (MGA) frente a acciones legales iniciadas por jugadores o autoridades extranjeras. La aprobación unánime del proyecto de ley 55 en junio de 2023 dio lugar a su incorporación como artículo 56A dentro de la Ley del Juego de Malta.
El artículo 56A estipula explícitamente que no se iniciará ninguna acción legal contra el titular de una licencia, sus directivos o personas clave en relación con la prestación de servicios de juego. Del mismo modo, no se podrá emprender ninguna acción contra un jugador que reciba dichos servicios de juego si entra en conflicto o socava el marco legal que rige la prestación de servicios de juego en o desde Malta, de acuerdo con una licencia de la MGA. Además, el artículo afirma que los tribunales malteses tienen el deber de rechazar el reconocimiento y ejecutar cualquier sentencia o decisión extranjera relativa a acciones de esta naturaleza.
Sin embargo, el artículo 56A ha recibido críticas de varios abogados austriacos y alemanes que representan a jugadores que han demandado a empresas de juego maltesas por ofrecer supuestamente servicios que infringen las leyes de juego austriacas y alemanas. La razón principal es recuperar los fondos perdidos. Estos abogados sostienen que la enmienda constituye un esfuerzo del gobierno maltés por socavar el Estado de Derecho en la Unión Europea y obstaculizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y residentes de la UE. Se han comunicado con la Comisión Europea, comunicado su preocupación e instado a que intervenga en el asunto.
Dentro de la UE, las distintas jurisdicciones emplean enfoques diferentes para regular aspectos como los verticales permitidos, la fiscalidad, etc. Esta divergencia resulta especialmente pertinente para los operadores cuando pretenden adquirir una licencia local. Para ilustrarlo con un ejemplo concreto, examinemos el caso de un operador que se plantea conseguir una licencia de casino en línea en tres jurisdicciones:
Dinamarca: La licencia de casino en línea cuesta 40.786 €; los impuestos varían entre 8.157 y 734.155; y la licencia es válida durante 5 años.
Polonia: La licencia de casino en línea tiene un coste de 389.440 €; la fiscalidad implica una diferencia del 50% entre la suma de las apuestas pagadas y la suma de las ganancias pagadas; la licencia es válida durante 6 años.
Rumanía: La licencia de casino online tiene un precio que oscila entre 62.838 € y 314.191; la tributación es del 23% de los ingresos; y el plazo de validez de la licencia es de 10 años.
Como se observa, las condiciones del mercado en estas jurisdicciones son diversas. Por ello, los operadores se ven obligados a comparar países y, en última instancia, distribuir de forma desigual los operadores.
En consecuencia, la ausencia de un mercado unificado de servicios de juego afecta a los operadores de varias maneras:
Ineficiencias del mercado: Varios países imponen requisitos distintos para las operaciones de casino en línea, así como para otros sectores, lo que hace que los operadores perciban varios países como mercados potencialmente lucrativos y otros como ineficientes.
Igualdad de condiciones: Establecer un mercado común del juego podría fomentar la igualdad de condiciones y requisitos dentro del sector del juego.
Unificación de la legislación: Cuando las normas son coherentes y se consolidan en un único texto legislativo, como una ley común del juego, resulta más ágil para un operador entrar en el mercado.
Mercado monopolizado: reducción de la posición de monopolio del estado en el mercado del juego (por ejemplo, Finlandia realiza cambios legislativos para abrir el mercado del juego a operadores con licencia).
Impacto de la falta de un marco común de la UE en países y jugadores
Los cambios en la regulación del mercado del juego pueden tener ramificaciones para países concretos dentro de la UE y para los jugadores:
Los cambios en la regulación del mercado del juego pueden tener ramificaciones para países concretos dentro de la UE y para los jugadores:
Reducción de los ingresos de los presupuestos nacionales de: La redistribución de los ingresos dará lugar a un acuerdo de reparto entre el presupuesto nacional y el presupuesto general de la UE. Esto puede reducir los fondos disponibles para los distintos países.
Restricciones a la autonomía de los países en el mercado de los servicios de juegos de azar: El sector de los servicios de juego puede quedar bajo la competencia reguladora de las instituciones de la UE y limitar así la autonomía individual de cada país para regular este sector.
Presencia del juego offshore: La amplia popularidad de los juegos de azar extraterritoriales impide a los estados de la UE aprovechar plenamente su potencial en materia de regulación.
Libertad de elección limitada: Los ciudadanos de un país solo pueden acceder a los sectores autorizados por su estado. Por ello, coarta su libertad de elección.
Oferta reducida: Los sectores monopolizados obstaculizan la competencia en el mercado, ahogan su desarrollo y dan lugar a una menor oferta de opciones.
Fiscalidad variada: Las ganancias en varios países están sujetas a tipos impositivos variables. Con eso, sucede un fenómeno conocido como “migración del juego.”
Diversas condiciones de juego responsable: El nivel de exigencia en materia de juego responsable varía entre los países de la UE, lo que provoca discrepancias en las medidas de protección del jugador.
La cuestión de un marco común de la UE sigue siendo tema de debate permanente, con personas a favor y en contra. Una ley común fundamental sobre el juego para los operadores ofrecería claridad sobre la legislación y los requisitos fundamentales. Sin embargo, conseguir un marco jurídico unificado en todos los ámbitos es una tarea compleja, dada la diversidad de tradiciones y prioridades jurídicas entre los estados miembros.
Las restricciones adicionales, como las relativas a la publicidad y la asignación de licencias, deberían determinarse a discreción de cada jurisdicción nacional. Este enfoque garantizaría una evaluación justa de los intereses de los operadores, los jugadores y los países concretos de la UE.
Este artículo es fruto de la colaboración entre Noticias SiGMA y la 4H Agency
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