Una ley del juego y proceso de consulta polémicos en el Territorio Norte

Lea Hogg March 6, 2024

SiGMA news

Una ley del juego y proceso de consulta polémicos en el Territorio Norte

El gobierno del Territorio del Norte, que supervisa la industria australiana de las apuestas en línea, valorada en 50 mil millones de dólares, recibe críticas por su proceso de consulta para redactar la nueva Ley de Carreras y Apuestas de 2024. El gobierno solicitó la opinión de las 28 empresas de apuestas en línea autorizadas, incluidos los gigantes internacionales Bet365 y Sportsbet, pero solo se consultó a un grupo de prevención de daños.

Según las disposiciones de la Ley de Carreras y Apuestas de 2024, Eva Lawler, ministra principal del Territorio del Norte (arriba), tendría autoridad para orientar las acciones y responsabilidades del regulador del juego y de su director.

La Alianza para la Reforma del Juego ha criticado el proceso cerrado de consulta del proyecto de ley que regula la industria de 50 mil millones de dólares. Además, alega que el territorio carece de la experiencia necesaria para gestionar un asunto tan complejo.

La legislación propuesta, que podría votarse en las próximas semanas, permitiría al ministro principal dirigir al regulador del juego del Territorio y a su director en sus funciones. En un principio, el gobierno consideró aumentar las multas máximas a 10.000 unidades de penalización, aproximadamente 1,75 millones de dólares, pero redujo el tope en un 75%, hasta unos 445.000 dólares, en el proyecto de ley.

Otros han acusado al gobierno del Territorio de estar “fuera de sí” y de socavar los esfuerzos por establecer un regulador nacional, tal como recomendaba una investigación parlamentaria federal. El gobierno defendió la ley y afirmó que equipararía las multas máximas a las de otros países. Los críticos llevan mucho tiempo argumentando que las sanciones son tan bajas que tienen escaso impacto regulador.

Consultas limitadas y preguntas sin respuesta

El gobierno del Territorio del Norte pidió información sobre el proyecto de ley a todas las empresas de juego autorizadas, la comisión de carreras, el tribunal de apelación de carreras, el tribunal civil y administrativo del Territorio, organismos gubernamentales, abogados del sector del juego y un grupo de apoyo al juego, Amity Services. Sin embargo, no se dirigió a nadie con sede fuera, incluidos reguladores, investigadores del juego, académicos, centros de tratamiento o asesores financieros.

El gobierno se negó a responder a las preguntas sobre por qué no llevó a cabo un proceso de consulta abierto y por qué solo consultó a un servicio de asesoramiento local. Todo ello, teniendo en cuenta que la investigación nacional documentó “pruebas contundentes” de los daños causados por la industria del juego en línea.

Carol Bennett, directora ejecutiva de la Alianza para la Reforma del Juego, señaló que el momento elegido para presentar el proyecto de ley era “interesante”. Esto se debe a que se esperaba que el gobierno de Albanese respondiera a las recomendaciones de la investigación federal en unas semanas. La investigación, dirigida por la exdiputada laborista Peta Murphy, pedía crear un regulador nacional nuevo que quitara responsabilidades al Territorio del Norte y fuera “responsable de todas las licencias y regulaciones”.

Importante: el siguiente evento es la conferencia del SiGMA África en Ciudad del Cabo del 11-13 de marzo