El Grupo Dowinn alega difamación y niega un cierre definitivo

El juez Shepherd mantiene la prohibición en Kentucky las populares "máquinas grises", juegos de habilidad que ofrecen pagos en metálico y operaban en una zona legal "gris". Algunos sostienen que las máquinas son juegos basados en la habilidad. Aun así, otros declaran que el elemento de azar de los juegos los convierte en última instancia en máquinas de juego o tragaperras camufladas.

La polémica en torno a las máquinas alcanzó su punto álgido cuando el gobernador Andy Beshear firmó la ley HB 594 en 2023. La legislación finalizó la difusa distinción entre juegos y apuestas. Así, ilegalizó el funcionamiento de los dispositivos e impuso cuantiosas multas a las empresas y fabricantes que no cumplieran la normativa.

La batalla legal empezó cuando Pace-O-Matic, un operador importante con 2.500 máquinas en el estado, impugnó la ley. Este argumentó en contra de su constitucionalidad y trató de anular la prohibición. Aunque las máquinas de la empresa en todo el estado permanecen en pequeños comercios, están inhabilitadas, a la espera de una decisión definitiva.

Pace-O-Matic alega que la prohibición es inconstitucional por varias razones, entre ellas viola la libertad de expresión, las garantías procesales, la igualdad de protección y la separación de poderes. También alega que la prohibición constituye una expropiación sin compensación justa.

La demanda afirma que los juegos de habilidad son una forma de expresión que comunica ideas a través de características literarias únicas y deben estar protegidos por la Constitución de Kentucky.

Además, sostiene que la prohibición afecta injustamente a determinados juegos de habilidad electrónicos de tipo vídeo. Por otro lado, permite dispositivos similares utilizados en esports o las .

La decisión del juez Shepherd dio la razón al fiscal general Russell Coleman, que defendió enérgicamente la ley por considerarla necesaria para proteger a las familias y los niños de Kentucky de los posibles daños sociales asociados al juego no regulado. Coleman elogió el esfuerzo bipartidista de la legislatura para aprobar la ley.

La sentencia aborda varios argumentos clave de aquellos en contra de prohibirlas, incluidas las alegaciones de que la ley viola los derechos de libertad de expresión y apunta injustamente a industrias específicas. La exhaustiva sentencia de 52 páginas del juez Shepherd desestimó las alegaciones. Asimismo, afirma que el poder legislativo tenía autoridad para regular las actividades de juego con el fin de proteger el bienestar público.

Los partidarios de la prohibición, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, David Osborne, celebraron la decisión como una validación de la intención del poder legislativo de luchar contra las prácticas ilegales de juego. Argumentaron que permitir que las máquinas funcionaran sin supervisión podría haber llevado a ampliar el juego en todo el estado. Esto socavaría potencialmente los marcos reguladores existentes.

Por el contrario, los detractores, como Pace-O-Matic y sus representantes legales, expresaron su decepción por la decisión del tribunal e indicaron que estudiaban recurrirla. Alegaron que la ley apuntaba injustamente a su sector y abogaron por reconocer estas máquinas como "juegos de habilidad" legales en lugar de dispositivos de juego.

A principios de este año, en marzo, la asamblea legislativa de Virginia votó a favor de prohibir las máquinas de juegos de habilidad y regular el mercado. Con esto, afirmaron que los ingresos fiscales eran muy necesarios (con un impuesto del 25%) y que muchas pequeñas empresas dependían de las máquinas para sobrevivir.

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Hoy, 1 de julio, Suecia implementa un aumento del impuesto sobre el juego hasta el 22% de los ingresos brutos del juego. En 2019, el país había introducido un impuesto del 18% sobre los beneficios del juego como parte de una reforma regulatoria más amplia sobre iGaming.

La decisión de aumentar el impuesto ha recibido una en de la industria. Partes interesadas como la Asociación Sueca del Juego en Línea y las principales empresas de juego han expresado su preocupación. Argumentan que el aumento podría llevar a los jugadores a buscar operadores sin licencia. Este hecho podría anular los avances logrados en la reducción de la influencia del mercado del juego ilegal.

Gustaf Hoffstedt, secretario general de la , ha pronosticado que el mercado sin licencia prosperaría con el nuevo régimen fiscal. Esto se debe a que los operadores con licencia tienen más presión económica.

Dentro de la industria del juego, los operadores más tradicionales, como ATG, especializada en hipódromos y carreras de caballos, se oponen a que el impuesto afecte uniformemente a todos los operadores de juego. Argumentan que el juego en línea, que ha experimentado un crecimiento sustancial de los ingresos, debería soportar, en cambio, el peso de la nueva política gubernamental.

Sin embargo, las partes interesadas del sector no son las únicas que se han opuesto al nuevo régimen fiscal. La Asociación Sueca de Ligas de Fútbol Profesional declaró que los clubes de todo el país dependen de asociaciones con operadores de apuestas deportivas. Expresaron su preocupación por la posible pérdida de ingresos procedentes de los patrocinios y la presión económica que podría suponer para los clubes. "El fútbol no puede vivir únicamente del compromiso y el esfuerzo voluntario de jugadores, directivos y aficionados: también se necesita dinero", declaró la Asociación.

Para defender la subida de impuestos, el gobierno sueco prevé un aumento de los ingresos fiscales. Se estima un incremento anual de 540 millones de coronas suecas (aproximadamente 47 millones de euros).

Además, el gobierno ha trabajado incansablemente para luchar contra el mercado negro. El objetivo es conseguir una tasa de canalización del 90% o superior y garantiza que la mayor parte del juego en Suecia se produzca a través de operadores con licencia.

El gobierno llevó a cabo una investigación antes de la regulación del mercado de 2019, que sugería que rebajar el impuesto al 20% sería lo más adecuado para los ingresos brutos del juego. Sin embargo, en ese momento, el gobierno optó por fijar el tipo impositivo en el 18% como medida para priorizar los esfuerzos de estabilización y canalización del mercado. Cinco años después, el gobierno consideró oportuno aplicar el impuesto recomendado inicialmente.

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La Autoridad del Juego de Malta (MGA) publica un completo de orientación para presentar informes sobre procedimientos de resolución alternativa de litigios (ADR). Este manual proporciona a los licenciatarios instrucciones detalladas sobre los requisitos y procedimientos para presentar informes mensuales de resolución a través del en la web de la MGA.

La ADR es un proceso que permite resolver disputas fuera de los tribunales con la ayuda de una entidad imparcial. El proceso incluye métodos como mediar, arbitrar y conciliar. La ADR es especialmente valiosa, ya que ofrece un mecanismo de resolución menos formal, a menudo más expeditivo y rentable en comparación con los procedimientos judiciales tradicionales.

En 2018, la Autoridad del Juego de Malta emitió la directiva de ADR: las empresas de iGaming que operan en Malta están obligadas a informar a los jugadores sobre los procedimientos para presentar una queja y cómo escalarla a una entidad de ADR que los asistirá de forma gratuita.

Los operadores también están obligados a informar a la MGA de cada litigio remitido a una entidad de ADR, junto con los resultados. El manual de notificación de la MGA establece lo siguiente: "Se notificará a la Autoridad que se ha remitido una disputa a una entidad ADR antes del día 20 del mes siguiente, junto con el informe mensual sobre los fondos de los jugadores, y se detalla la información que se presentará a la Autoridad, incluidos los datos de las partes implicadas, así como el objeto de la disputa. Los licenciatarios B2C también están obligados a notificar a la Autoridad el resultado de la disputa con el informe mensual sobre los fondos de los jugadores".

SiGMA ha puesto en marcha su propia plataforma ADR para ayudar a los jugadores con disputas de juego que involucran a operadores con licencia. El servicio se ofrece gratuitamente a los jugadores, mientras que los operadores pagan una cuota mensual fija. Gracias a su amplia experiencia en el sector del juego, SiGMA ha desarrollado una plataforma fácil de usar y fiable para ayudar a los jugadores en sus litigios.

Mex Emini, director técnico del Grupo SiGMA y director general de SiGMA Play, explica: "Durante nuestros esfuerzos para ayudar a los jugadores con sus disputas de juego, nuestro principal objetivo es conectarlos con los operadores y contribuir a la creación de relaciones más fuertes. Esto es también lo que hacemos durante nuestros eventos: conectar a la gente. Esta es nuestra mayor misión".

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La PAGCOR indica que un alto cargo del gobierno intentó conseguir licencias de juego para varios operadores ilegales de juego en el extranjero (POGO). Estos sufrieron recientemente una redada. El presidente y director general de la PAGCOR, Alejandro Tengco, declaró que las actividades y la implicación del antiguo funcionario se revelarían en un foro adecuado.

Tengco la necesidad de investigar la concesión de licencias a solicitantes de los POGO con antecedentes dudosos. Esta fue facilitada por antiguos funcionarios y sus intermediarios. Criticó a la administración anterior por el excesivo número de licencias POGO concedidas, que se ha reducido de 298 a 43 bajo la administración actual.

"Como organismo regulador, nuestro mandato es garantizar que solo aquellos que dispongan de licencias válidas puedan explotar todo tipo de actividades de juego y apuestas, ya se trate de casinos físicos o de plataformas en línea", declaró Tengco en un comunicado.

"Al gobierno le interesa actuar con mano dura contra los operadores ilegales, incluidos los denominados operadores de juego extraterritoriales o POGO y sus patrocinadores, porque las actividades delictivas asociadas a sus operaciones ilegales suponen una amenaza grave para nuestro pueblo", añadió.

Dos importantes POGO, Zun Yuan Technology Inc. y Lucky South 99 Corp. fueron objeto de redadas y clausuradas este año. Ambas empresas se enfrentan a cargos por tráfico de personas. Las operaciones contra estas empresas fueron dirigidas por la Comisión Presidencial contra la Delincuencia Organizada (PAOCC) con el apoyo de la Policía Nacional de Filipinas (PNP).

El senador Sherwin Gatchalian, que aboga por prohibir completamente los POGO, expresó su sorpresa por el hecho de que los funcionarios de la PAGCOR no hubieran mencionado previamente los esfuerzos del antiguo funcionario del Gabinete en las audiencias del Senado. Pidió una investigación exhaustiva e indicó sus planes de invitar al antiguo funcionario mencionado a testificar en las próximas audiencias.

insinuó posibles conexiones con el anterior portavoz presidencial Harry Roque, cuyo nombre aparecía en documentos hallados en las instalaciones de POGO. Roque ha negado cualquier delito y afirma que su participación se limitaba a la representación legal de una empresa relacionada.

La senadora Risa Hontiveros, presidenta de la Comisión del Senado sobre la Mujer, Infancia, Relaciones Familiares e Igualdad de Género, pidió a la PAGCOR que se ocupara de las actividades delictivas relacionadas con las POGO, independientemente de su situación en cuanto a licencias. Tanto Gatchalian como Hontiveros subrayaron la necesidad de una supervisión reglamentaria más estricta para evitar más delitos relacionados con el sector.

A pesar de las medidas enérgicas, la PAGCOR debido a su importante contribución a los ingresos públicos. En 2023, las empresas POGO generaron 5,2 mil millones de pesos filipinos (82,7 millones de euros) para el gobierno. La cifra representa alrededor del 5-6% de los ingresos totales de la PAGCOR. El Departamento de Finanzas informó de un aumento del 127% en los ingresos fiscales de las POGO en 2022.

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