Redada contra el juego ilegal por la Policía de San José

El departamento de policía de San José realiza una redada y pone fin a las operaciones de una red de juego ilegal. Esta estaba formada por múltiples casinos clandestinos repartidos por la ciudad californiana.

Los detectives de la Unidad de Prevención de Robos del Departamento de Policía de San José entregaron órdenes de registro en 7 lugares de San José y Los Baños. Se trataba de actividades altamente ilícitas por múltiples razones, según los detectives y se detuvo a varias personas en relación con la operación a gran escala.

Chuong Ho, de 43 años y residente en San José, fue identificado como el principal sospechoso y cerebro de la operación. También se descubrió que era un centro de otras actividades ilícitas auxiliares de las funciones del casino.

Entre ellas figuraban la distribución y el consumo de estupefacientes y el comercio de bienes obtenidos ilegalmente. Como resultado de estas actividades, las autoridades recuperaron más de 285.000 dólares en efectivo, docenas de máquinas de juego ilegal sin licencia, 11 armas de fuego, más de 2,5 kilos de metanfetamina cristalina y cocaína, 500 pastillas de MDMA y más de 2.000 piezas de correo robado.

Ho y el resto de los socios detenidos ingresaron en la cárcel del condado de Santa Clara por diversos delitos graves y penales.

No cabe duda de que en California existe una importante industria de casinos. El Estado Dorado es el segundo con más casinos de Estados Unidos, solo después de Nevada, con su famoso paraíso del juego en Las Vegas. Además del importante sector de apuestas deportivas, la industria genera cerca de 20 mil millones de dólares anuales y mantiene más de 124.000 puestos de trabajo.

85 casinos se alinean en la infraestructura del juego del estado, aparentemente intrascendentes en tamaño, sirven a sus comunidades con eficacia y se ajustan a su demografía a la perfección. A pesar de ello, la legislación reguladora del sector es, cuando menos, peculiar.

En California no hay exactamente casinos comerciales, solo tribales. Son propiedad y están gestionados por reservas de nativos americanos. Esto es posible gracias a las importantes concesiones que se les otorgan a través de los pactos que aparecen en la Ley Reguladora del Juego Indígena (IGRA) de 1988.

Estos pactos son acuerdos entre los pueblos indígenas y el gobierno de EE. UU. por los que se reconoce la soberanía de estas tribus y se permiten operaciones de juego legales y ampliamente reguladas en sus tierras. Como consecuencia, este derecho a prestar estos servicios es casi exclusivo de las tribus de California.

Se trata de una versión ligeramente más extrema de un modelo que se ha utilizado en diversos grados en todo Estados Unidos. Sin embargo, el verdadero alcance de la industria del juego debería hacerse realidad o, al menos, reconocerse a través de la regulación.

La legalización de las apuestas deportivas es una medida esperanzadora en el horizonte, pero quizá no sea ni de lejos suficiente. El hecho de que una operación tan masiva se haya construido y gestionado bajo las narices del gobierno significa que hay un importante punto ciego que hace concesiones. Esto se debe probablemente a la enorme naturaleza de la demanda de una oferta más diversa en el sector del juego.

El mayor inconveniente de contar con una regulación ineficaz para hacer frente al juego ilegal es el inevitable valor que puede generar, que engendrará otras actividades ilícitas mucho más desagradables relacionadas con el abuso de armas de fuego y estupefacientes.

Abordar un problema tan lucrativo podría tener un impacto fenomenal en la capacidad de mantener a los californianos a salvo de organizaciones que contribuyen a actividades delictivas.

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